El Parlament balear ha aprobó ayer el decreto ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, por el que, entre otras cosas, se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de Ibiza.
El decreto ley ha salido adelante con 46 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones. Durante su intervención, el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, Agustinet, señaló que el decreto «da respuesta a cuestiones comunes de las cuatro islas» y especialmente de Ibiza, como pueden ser la celebración de fiestas ilegales.
Sobre estas fiestas, Marí aseguraba que perjudican la convivencia y a los establecimientos que sí cumplen con la legalidad. Además, implican un «importante» riesgo.
No obstante, Marí añadía que, con la modificación normativa, se realiza una definición más exhaustiva de lo que es una fiesta ilegal, con un régimen sancionador endurecido. Según Marí, se está ante una «importante herramienta» para combatir estas actividades.
«Más ágil»
Sobre la prestación del servicio de taxi en Ibiza, el conseller recordaba que los vehículos podrán recoger viajeros en cualquier punto de la isla para dar «un servicio más ágil, útil y mejor». También se regulará el uso del GPS en la Isla, por lo que el conseller ha detallado cómo se realizará desde ahora la asignación de servicios. Los ayuntamientos, además, deberán establecer las distintas zonas de servicio en la Isla.
Con la modificación, se aborda la estructura tarifaria de la prestación. «Damos seguridad jurídica a la hora de aplicar estas tarifas con una nueva orden de carga», consideró Agustinet.
«El decreto ley da respuesta y soluciones desde el trabajo conjunto de dos administraciones», añadió Marí en relación a la colaboración realizada con el Consell de Ibiza.
Durante la intervención del Grupo parlamentario Popular, el diputado Vicent Marí quiso destacar que «culmina un proceso largo y complejo» al tratarse de reivindicaciones formuladas desde Ibiza desde hace mucho tiempo con el objetivo de solucionar problemas «muy graves».
Sobre las fiestas ilegales,Vicent Marí aseguraba que hay que actuar contra ellas «con contundencia» y lamentaba que, al principio, el Govern no considerase una prioridad combatirlas. «Ante una grave problemática, la respuesta del Govern fue que los ayuntamientos y el Consell trabajaran y dejaran de quejarse», ha opinado.
El diputado y presidente del Consell ibicenco manifestó que desde el Consell incluso contrataron detectives privados para combatir estas actividades ilegales. «Han sido necesarias muchas reivindicaciones, mucho trabajo. El Govern no ha tenido más remedio que actuar y lo ha hecho tarde y después de mucha insistencia», añadió.