Un total de 367.006 personas disponen ya de un seguro privado de salud en las Islas, se trata del 30,1 % de la población, casi una de cada tres personas. Son 15.457 más que antes de la pandemia, de los que 8.679 corresponden al año en que se decretó, en 2020. La cifra, facilitada por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), es histórica; nunca antes tanta población había tenido un seguro privado, y el incremento de pólizas de 2021 es el mayor registrado en los últimos siete años. El porcentaje sitúa al Archipiélago como la tercera comunidad que más apuesta por la sanidad privada, tras el 38, 11 % de Madrid y el 32,82 % de Catalunya.
Las cifras recogen el número de personas que pagan por una prestación de servicios y deben entenderse bien. El grueso es gente que tiene sanidad pública y además se paga el seguro privado, pero también incluye a los funcionarios de la administración central que van a través de Muface, Isfas (las Fuerzas Armadas) y Mugeju (la Judicatura). Esto explica por qué comunidades como Madrid, con un alto índice de funcionarios, lideran este ránking.
En Balears, por contra, juegan otro tipo de factores, el principal sería una tradición histórica. «Aquí partimos de un déficit importante de infraestructuras que se fue corrigiendo con el tiempo pero que hizo que la gente tuviera seguro y que lo pasaran de padres a hijos. Siempre hemos sido de los primeros del Estado», explica, Antoni Fuster, gerente de la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES).
Si bien es cierto que con la pandemia «ha habido una acumulación de las listas de espera y mucha gente ha apostado por hacerse un seguro privado», añade.
Fuster defiende que en este sector no existen esperas aunque haya «especialidades con difícil acceso» o profesionales que, en concreto, tienen más demanda. Sin embargo los tilda de casos puntuales que «siempre tienen una alternativa».
De hecho, como se recordará, en la última fase del plan de choque del IB-Salut para atajar las listas de espera para una primera consulta se apostó por derivar a los pacientes a las clínicas privadas. La iniciativa que debía empezar a ponerse en práctica este mes de noviembre va con retraso a la hora de terminar de llamar a los pacientes seleccionados. Antoni Fuster defiende que el sector tiene capacidad de sumar nueva demanda, «los centros privados pueden adaptarse a las circunstancias, son más flexibles y eso es una ventaja competitiva», indica.