Sorcha Edwards es la secretaria general de Housing Europe, organización que integra a 46 federaciones, nacionales y regionales, de 25 países europeos que pelea para que la vivienda social se integre en todas las políticas. La situación de emergencia habitacional de Mallorca se repite en otros países europeos y hoy participa en la jornada sobre vivienda pública organizada por el Govern.
¿En qué consiste su labor?
—Nuestro papel en Bruselas es el de tener la mejor normativa sobre el acceso a la vivienda social, cooperativa, pública y sin ánimo de lucro. Hay una falta de vivienda que hay que abordar. Hace falta construir sin ánimo de lucro para el alquiler.
En Lisboa se ha prohibido el alquiler turístico debido a los problemas de acceso a la vivienda que sufren los portugueses, algo que se hizo ya en Palma.
—Vemos cómo en las ciudades más atractivas para los turistas no hay un gran porcentaje de vivienda protegida. Está siendo un problema para la población local, que es expulsada por la presión internacional. Los jóvenes no pueden independizarse y se da más en las ciudades turistificadas y donde los inversores entran más fácilmente. En Lisboa, el precio de un piso con dos habitaciones supera el 100 por cien del salario medio portugués
¿Este fenómeno se repite en el resto de Europa?
—En Viena, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de vivienda protegida por tradición. Y por ejemplo en Zurich tienen un 27 por ciento de viviendas cooperativas con alquileres controlados y su idea es alcanzar el 30 por ciento en 2030. Debería ser el objetivo de las ciudades. Hay que proteger a la población local de la inversión internacional.
¿Es posible construir vivienda sin ánimo de lucro?
—La hay en muchos países. También en España hay ejemplos, como en el País Vasco o Sevilla. En Austria, por ejemplo, hay asociaciones con ánimo de lucro limitado, con un máximo de beneficios del 3,5 por ciento anual, que están obligados a invertirlos en construir y mantener viviendas.
¿Qué consecuencias tiene no contar con una planta de vivienda protegida suficiente?
—Hace daño a las empresas porque son menos competitivas y los jóvenes sufren por no poder pagarse una casa digna. Pero muchos países no han intervenido en el mercado. En Barcelona hay un 2 por ciento de vivienda protegida o pública.
¿Hay más inversores inmobiliarios que nunca?
—Ya era habitual pero ahora se está viendo el lado malo que sufre la economía. Hay una desvinculación entre salarios y precio de la vivienda y deja a una gran parte de la población en desventaja.
¿El alquiler turístico incide en el precio de la vivienda?
—Plataformas como Airbnb dicen que la mayoría de los propietarios alquilan habitaciones pero ocultan que hay inversores que alquilan grandes cantidades de pisos. Se saltan las reglas y evitan regulaciones y normativas de hoteles. Hay una falta de control.