Los letrados de la Administración de Justicia, la actual denominación de los antiguos secretarios judiciales, llevan en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. La protesta ha puesto a los juzgados de toda España al ralentí. En Balears, una de sus caras visibles ha sido Margarita de Juan, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPLAJ). «La situación sigue siendo la misma que cuando hicimos paros en noviembre y diciembre y avisamos. No ha podido ser desconvocada porque no ha existido una voluntad negociadora por parte del Ministerio de Justicia».
¿Cómo lo llevan?
Es la primera vez que se adopta esta medida. Hay decepción al ver que, siendo un cuerpo jurídico superior y con las funciones que tenemos asignadas, el Ministerio no tenga capacidad de sentarse y negociar. También nos causa una desazón interna a nivel personal porque no nos gusta estar en el centro de una polémica, siempre hemos trabajado con discrección. Se ha puesto de manifiesto es que éramos muy desconocidos por parte del ciudadano. Somos la piedra fundamental para que la administración de justicia no se detenga.
¿Qué reclaman?
—Iniciamos la huelga porque no se estaban cumpliendo unos compromisos que ya se habían cerrado en abril de 2022. Nos fiamos en la palabra y los escritos que se documentaron por parte del Ministerio. Se centraban en dos puntos fundamentales: una adecuación salarial a nuestro cuerpo acorde con muchas funciones que desempeñamos desde 2009 y la reducción de los llamados grupos de población que generan un gran desequilibrio en nuestra retribución.
Se les reprocha que, pese a esas nuevas funciones ahora ya no entran en los juicios.
— Una de las funciones que hemos ejercido desde hace siglos es la fe pública judicial que es de exclusiva competencia del letrado. El vídeo solo no vale para nada, es un instrumento. En algunas provincias ha habido jueces que ha decidido celebrar juicios mientras el LAJ de su juzgado secundaba la huelga. Aparte de ser una invasión de competencias es un acto de esquirolaje por parte de quienes lo hagan. Lo que se haya podido grabar es nulo de pleno derecho. No va a ser firmado y nunca se podrá traspasar al expediente judicial. Las normas procesales son imperativas.
¿Ha ocurrido algo así en Baleares?
—De momento no tengo constancia. Sí de que hay compañeros que reciben muchas presiones por parte de los jueces para celebrar.
¿Cuántos letrados en total se han unido desde el principio?
—Somos un total de 101 letrados. Desde que se inició oscila entre un 35-40 por ciento. A nivel nacional entre 75 y 80 por ciento. Se está concentrando básicamente en la jurisdicción civil, en Sa Gerreria, pero en cada jurisdicción hay gente que lo siguen desde un principio.
Los que más han notado ese aumento de funciones, ¿no?
—El incremento de funciones se produjo más en Civil, Contencioso y Social más porque en el ámbito penal hay materias que no se nos pueden atribuir, aunque asumimos otras nuevas. A raíz del ‘caso Mariluz' se creó el SIRAJ, donde aparecen todas las personas que están en busca y captura. El control de ese sistema nos corresponde. Una orden de protección queda en papel mojado si no se introducen en los registros. Se incrementa nuestra responsabilidad.
¿Qué reacciones perciben de jueces, fiscales y otros colectivos?
—En lugar de sentir un cierto apoyo y de intentar por todos los medios que el Ministerio de Justicia se siente a negociar, parece que lo único que preocupa a los distintos operadores es que no se celebren juicios y no sean avisados de las suspensiones por la huelga. No es posible celebrar porque nadie puede suplir nuestra función que es garante absoluta de un estado democrático y de derecho.
¿Cuántas actuaciones se han visto afectadas?
—En la última reunión que mantuvimos eran unas 3.000 actuaciones procesales no celebradas, de las que juicios son entre 1.200 o 1.400.
¿Cómo está siendo el seguimiento en las Islas?
—Es evidente que toda huelga, sea del sector que sea causa un perjuicio y que la nuestra afecta a un servicio esencial y se suma el retraso que ya de por sí hay en la justicia. Pedimos disculpas a los ciudadanos afectados, pero hemos puesto toda nuestra voluntad para resolver el conflicto. El Ministerio no parece tener intención de dialogar.
¿Qué le parece que el secretario de Estado diga que son unos privilegiados?
—No somos unos privilegiados, somos un cuerpo de funcionarios A-1 que no pretendemos una equiparación con jueces y fiscales porque sabemos que no lo somos. Aprobamos una oposición de 300 temas. Cualquier cuerpo de funcionarios A-1 de la Administración cobra emolumentos superiores a los nuestros. Tenemos un puesto de trascendencia y responsabilidad, cuando un compañero aprueba, suscribe una póliza de responsabilidad civil que el Estado no nos paga. El resto de funcionarios no necesitan quedar cubiertos porque se responsabiliza a quien firma y quienes firmamos siempre somos jueces y LAJS. Dudo que otros cuerpos admitieran esas funciones sin retribución.