La nueva ley de vivienda estatal, definitivamente desatascada este viernes con el acuerdo entre Gobierno, ERC y EH Bildu, podría tener un gran impacto en Baleares en lo tocante a la limitación del precio de los alquileres en el caso de que Govern o ayuntamientos de las Islas decidieran solicitar la declaración de zona tensionada (esa posibilidad quedará en sus manos sí o sí). Por lo pronto y en virtud de las condiciones de dicho acuerdo, cerca de un 94 % de las viviendas baleares se encontrarían en áreas susceptibles de integrar esa categoría, es decir, más de medio millón de hogares.
Precisamente, el criterio para declarar una zona como tensionada había sido uno de los principales escollos en todo el proceso de tramitación de la ley. El texto definitivo establecerá dos condiciones para la declaración, aunque solo será necesario cumplir una de ellas. La primera, que el coste del alquiler suponga más del 30 % de los ingresos medios de los residentes en la zona. La segunda, que el precio del alquiler haya subido al menos tres puntos (y no cinco como se había estado planteando) por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) general de la región en los cinco años anteriores.
Un estudio realizado por la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics a principios de año determinaba que solo con el criterio del 30 % de la renta, Baleares cuenta con 503.951 hogares -de un total de 532.991- que podrían ser incluidos en la categoría de zona tensionada. El hecho de recibir dicha declaración permitirá fijar varios tipos de limitaciones al precio de los alquileres.
Así, se elimina el IPC como índice de referencia en la actualización anual del precio del alquiler. En su lugar se aplicará una subida máxima del 2 % en 2023 y hasta del 3 % en 2024 del contrato del anterior inquilino en el caso de los nuevos contratos en zonas tensionadas. En las zonas no tensionadas las dos partes pactarán el precio. Para la actualización de los contratos en curso se aplicarán las limitaciones ya en vigor (del 2 %) tanto en zona tensionada como en zona no tensionada.
Para referencias futuras se fijará un índice que será definido por el INE (Instituto Nacional de Estadística) y que en cualquier caso quedará siempre por debajo de lo marcado por la evolución del IPC. Asimismo, el criterio para definir a los grandes tenedores se fija en propietarios con cinco o más viviendas, y no diez como hasta ahora.
La normativa contempla otras medidas destacadas, como hacer responsable al propietario y no al inquilino de todos los gastos y honorarios inmobiliarios de la operación de alquiler o restringir las condiciones de los desahucios, que se verán dos años aplazados.
Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrado que el acuerdo atienda las reclamaciones de Baleares, ya que «incluirá límites al precio del alquiler y dará más herramientas a las comunidades». En un vídeo publicado en Twitter, Armengol ha destacado que se trata de «una ley necesaria» y que «desde Baleares hemos trabajado y negociado mucho con el Ministerio para que la normativa garantice que las CCAA como la nuestra puedan declarar zonas tensionadas en las que poner el techo de precios de alquiler».
Asimismo, ha recalcado los incentivos fiscales a los pequeños propietarios «para que puedan alquilar a precios más asequibles para la ciudadanía» y otras medidas «fundamentales para la Comunidad».
El acuerdo estatal ha suscitado la reacción de otros representantes políticos en las Islas, entre ellos la candidata al Govern del PP, Marga Prohens, quien también a través de esa misma red social ha señalado que «la solución al problema de la vivienda pasa por incentivos y seguridad, no por más intervencionismo». La presidenta de la formación popular ha lamentado que «el PSOE de Pedro Sánchez y Francina Armengol» está mostrando «una deriva cada vez más populista y contra los propietarios, a quienes quieren hacer responsables de su fracaso en política de vivienda (...) Los propietarios no deben ser el enemigo, sino aliados para resolver el problema».
Por su parte, el candidato de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press que la ley llega «tardísimo y después de retrasos injustificadísimos», aunque ha expresado su confianza en que pueda servir para que Baleares regule los precios de los alquileres. El ecosoberanista ha añadido que el conjunto del archipiélago es una zona tensionada y que el Gobierno de España debe demostrar que entiende que en el conjunto del territorio estatal conviven diferentes realidades.
Por último, la portavoz nacional de Ciudadanos (CS) y coordinadora de CS Baleares, Patricia Guasp, ha esbozado una opinión crítica también en Twitter al señalar que «los parches intervencionistas del Gobierno y sus socios populistas no solucionan el gran problema de acceso a una vivienda asequible».