El recurso que presentó Metrovacesa, la empresa propietaria de los 88 pisos del barrio de Nou Llevant para evitar de que los comprara el Govern, alertaba del riesgo de que los representantes legales del Ibavi respondieran con su propio patrimonio de las posibles responsabilidades. En el escrito en el que pedían la suspensión de este acuerdo alertaban de que la intención del anterior Govern de mantener la compra carecía de cualquier fundamente legal y habría «de hacer parar» sobre los representantes del Ibavi «las correspondientes responsabilidades, incluidas, sin limitación, las contables».
Esta amenazaba afectaba tanto al gerente del Ibavi, como a los consellers Josep Marí y Iago Negueruela. El primero de ellos era el responsable de la Conselleria hasta su dimisión para ser conseller del Consell d'Evissa. A partir de esa dimisión, el conseller que asumió temporalmente la cartera de Marí y, por lo tanto, su responsabilidad, fue Iago Negueruela.
El escrito que presentó la empresa al juzgado paralizó la compra de forma cautelar, pero ahora el juzgado deberá entrar en el fondo del asunto, a menos que la empresa decida la retirada del recurso cuando el actual Govern rechace la compra de las viviendas.
En el escrito que se entregó al juez para evitar la venta hay incluso consideraciones de carácter político. Señalaba el Ibavi presentó un requerimiento a la empresa para cerrar la venta precisamente el 5 de julio, el día que se estaba a la espera de que Marga Prohens fuera elegida presidenta un día después, el 6 de julio, gracias a la abstención de Vox. Para la empresa, esta premura en la compra «priva la legítima capacidad del Gobierno entrante y del nuevo presidente del Ibavi de decidir sobre su legalidad».
En el escrito se añadía que esta circunstancia supone «un frontal ataque el principio democrático del artículo 1.1 de la Constitución rayando en el abuso de Derecho por la por la Ley», y aquí citaba el Código Civil.
«Nuevamente, con la consumación de la compraventa que el Gobierno saliente pretende imponer a Metrovacesa, usurpa al nuevo Parlamento autonómico y al Gobierno entrante la legítima competencia de marcar y establecer la política presupuestaria. Alertaba de que la «pertinaz consumación» de la adquisición del edificio podía provocar aún un daño mayor con la intención de «descapitalizar» una empresa, en este caso Ports IB, para traspasar parte del remanente de la empresa al Ibavi, algo a lo que se había opuesto la propia empresa, ya que no se pudo reunir el consejo de administración que debía cerrar el traspaso.