El Parlament balear ha validado este jueves el decreto ley de medidas fiscales que implica la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como la supresión del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda para menores de 30 años. La medida se ha aprobado con el voto de los diputados del PP y Vox, mientras que los del PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos han votado en contra. «Hemos cumplido con la palabra dada; el sudor de las familias no tiene que tener un precio adicional por lo que han pagado», ha defendido el vicepresidente y conseller d'Hisenda del Govern, Antoni Costa, señalando que «beneficiará a todos los ciudadanos de Balears». También ha reiterado diversas veces que esta rebaja fiscal, que según sus cálculos implicará que el Ejecutivo deje de recaudar unos 75 millones de euros anuales, no traerá recortes en los servicios públicos.
«Los precios se han incrementado y los ciudadanos merecían desde hace tiempo tener el dinero en sus bolsillos para hacer frente a la inflación que todavía padecemos. La presidenta Marga Prohens lo ha reiterado en numerosas ocasiones: ahora que todo sube, es momento de bajar impuestos», ha afirmado Costa. Sobre la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, el vicepresidente ha admitido que no es una «medida definitiva» porque no resolverá el problema de la vivienda, pero cree que es una excepción que puede ayudar a una «buena parte de la población a acceder a una vivienda».
La diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha celebrado la aprobación del decreto porque «hay que acabar con los impuestos que merman la solidaridad entre padres e hijos». Considera que eliminarlos supone acabar con «ocho años de políticas socialcomunistas» que «estrangulan» a las familias, aunque estos impuestos llevaban vigente desde el inicio de la democracia. De las Heras también ha criticado que el redactado del decreto podría ser mejor y ha defendido una mayor rebaja fiscal.
El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, sin embargo, ha dicho que la medida puede llegar a suponer que el Govern deje de ingresar casi 100 millones de euros, según calculan. El socialista ha criticado que esta rebaja fiscal incumple el artículo 31 de la Constitución Española, que fija las tasas de IRPF, Patrimonio y Sucesiones como «ejes para garantizar que los impuestos sean progresivos y aseguren derechos como la educación, la sanidad y la redistribución de la riqueza». «Hacen demagogia anticonstitucional cuando dicen que el impuesto es confiscatorio y que grava dos veces, pero la realidad es que lleva 40 años vigente y ha pasado por el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de esta manera, de lo contrario sí que sería inconstitucional», ha comentado Negueruela. El portavoz del PSIB ha tildado la rebaja fiscal de «chapuza» y que el PP defiende eliminar impuestos con los que se han podido inaugurar escuelas y contratar médicos.
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado que «nadie se cree que dejando de ingresar, como mínimo los 75 millones que calculan ustedes, esto no se notará en la calidad de los servicios públicos». Respecto al hecho de que el decreto fije la rebaja fiscal en las viviendas que cuesten menos de 270.000 euros, el diputado soberanista ha comentado que cuesta mucho encontrar una casa con este precio, por lo que, en su opinión, no beneficiará a tanta gente. Apesteguia cree, en definitiva, que el decreto «supondrá lo que suponen siempre las modificaciones fiscales de la derecha: unos pocos se ahorrarán mucho mientras que otros se ahorrarán poco o nada, y todos acabaremos pagando el ahorro de los de siempre con recortes en los servicios públicos».
El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, como el resto de partidos de izquierdas, ha criticado que esta rebaja fiscal se haya tramitado como un decreto ley y ha defendido que los que más tienen deben de pagar más impuestos.