La Conselleria de Mobilitat ha entregado a la Fiscalía el expediente de adquisición de los 88 pisos del edificio que tiene Metrovacesa en la zona de Nou Llevant y que pretendía vender a un fondo de inversiones hasta que el anterior Ejecutivo anunció que ejecutaría el derecho de tanteo y retracto. El Govern informa en un comunicado que, una vez revisados todos los informes, el departamento jurídico del Ibavi envió este martes el expediente administrativo correspondiente al procedimiento de adquisición por el Ibavi del edificio de 88 viviendas situadas en la calle de Brotad de Palma.
El anterior Govern ejerció el derecho de tanteo y retracto para la adquisición del edificio por 25,8 millones de euros a dos días de las elecciones. La intención era destinarlo al alquiler para jóvenes, no a la venta. El Govern de Francina Armengol hizo uso de derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de inmuebles entre grandes tenedores prevista en la Ley de Vivienda de Baleares.
La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, y el vicepresident y conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, anunciaron hace unos días que trasladarían el expediente a la Fiscalía. También anunciaron que el Govern desiste de la operación de adquisición por tanteo. El procedimiento, autorizado por el Govern saliente una vez en funciones, está suspendido cautelarmente por la Justicia desde el pasado 26 de junio.
El Govern considera que hay irregularidades en el expediente y se basa en un informe de un técnico del Ibavi que señala que la operación supondrá un quebranto de 5,8 millones si el Govern vendiera los pisos ya que estaría obligado a venderlos a un precio máximo de 2.690 euros el metro cuadrado, el precio fijado para las VPO, cuando los estaba comprando a 3.709 euros, un "sobreprecio" de un 40 %, según la consellera Marta Vidal.
Sin embargo, el Govern no explicó que existe un segundo informe elaborado por el mismo técnico que detalla que, en caso de destinarlos al alquiler, la pérdida global sería de 573.735 euros en 50 años de vigencia del contrato. «No tiene un resultado favorable en términos puramente económicos pero su incidencia en pérdidas parece bastante limitada en relación a la importancia de la operación», dice. El Govern ya comunicó que los pisos serían para alquiler.