El nuevo Govern prepara una profunda transformación de la normativa en materia de vivienda en las Islas que pasa por varios ejes conjuntos: cesión de suelo a los promotores para que sean ellos quienes construyan, una simplificación administrativa para agilizar las licencias y cambios legislativos que permitan subir alturas y convertir locales comerciales en viviendas.
La plasmación de todas estas propuestas se concretará en una reforma en profundidad de la actual Ley de Vivienda balear, que también eliminará la expropiación del uso de las viviendas vacías propiedad de los grandes tenedores. Sin embargo, como paso previo, el equipo de la Conselleria balear de Vivienda ya se ha puesto a trabajar en la redacción de un decreto de emergencia habitacional que podría estar aprobado este mismo otoño.
Alquiler a precio tasado
Las medidas incluyen la cesión de suelo público a los promotores para que sean ellos quienes construyan las viviendas y luego las pongan a alquiler bajo su responsabilidad. El precio del alquiler vendría fijado por la administración, por debajo del precio de mercado, y las viviendas pasarían años después al parque público de la Comunitat.
Dos de las propuestas más llamativas que se plantearán, y que se recoge en el programa del PP, son la reformulación de los índices de densidad para permitir el crecimiento en altura en Palma, especialmente en aquellos barrios donde existen diferencias de alturas significativas, así como la posibilidad de dar facilidades a la reconversión, por una parte, de locales comerciales en vivienda y, por otra, de viviendas de tipología antigua, de grandes dimensiones, en más de una vivienda. El nuevo Govern considera que este tipo de pisos de hasta 200 metros, habituales en muchos pueblos de Mallora, no se ajustan a las necesidades de las familias actuales, mucho más reducidas.
También se establecerán facilidades y cambios normativos para el desarrollo de viviendas de coliving y cohousing para trabajadores de temporada o para estudiantes. La Conselleria que dirige Marta Vidal prepara, además, la eliminación de cargas burocráticas y prevé una herramienta para que los proyectos se tramiten de forma simultánea en las diferentes administraciones.
La nueva normativa flexibilizará el régimen de las reservas de suelo para Vivienda de Protección Oficial (VPO) para que sean los ayuntamientos los que decidan dónde. También se incluye la legalización de construcciones que estén fuera de ordenación, siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica, y el pago de una sanción. Con el dinero que se recaude, el Govern hará actuaciones ambientales o de promoción de suelo público.
Por lo que respecta a las urbanizaciones ilegales que ya están plenamente consolidadas, como algunas que hay en la periferia de Palma, el Govern creará una figura jurídica que permita a sus habitantes disponer de servicios urbanísticos, como el saneamiento y agua potable, para evitar contaminaciones y degradación.