El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) ha defendido este jueves que «garantizar el derecho a la vivienda no pasa por amnistías urbanísticas en las viviendas ilegales, ni por dividir casas», ya que «no es política de vivienda». El GOB ha considerado en un comunicado que algunas de las soluciones para garantizar este derecho fundamental sería la regulación de los mercados de alquiler y compraventa, abordar «el problema» de la gentrificación, el fomento de políticas sociales y medidas «efectivas» contra la especulación, entre otras iniciativas.
Asimismo, han explicado que la problemática de la vivienda que «sufre» Baleares es el resultado de «factores múltiples y diversos marcados que no se solucionarán construyendo más y dejándolo en manos de la iniciativa privada». En este sentido, han insistido en que la Comunidad dispone de un parque de viviendas vacías de más de 105.000 viviendas de acuerdo con datos de 2021 publicados por el INE, un 17 por ciento del total construido. Además, «los centros de muchos municipios se están degradando mientras se favorece el desarrollo de nuevas zonas de suelo urbanizable o falsos urbanos no desclasificados», como es «el caso de la UA3 de ses Salines» de hace unas semanas.
Por todo ello, consideran que «el problema no es que no haya vivienda, sino que cada vez más gente no puede acceder de forma garantizada y digna, mientras la especulación financiera e inmobiliaria está a la orden del día». En paralelo, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado de forma muy significativa en Baleares, pasando del 20 por ciento al 22,4 por ciento según datos de European Anti Poverty Network (EAPN). Por todo ello, el GOB considera que «el problema es complejo», pero «mayor construcción, división y densificación en una isla, ya totalmente saturada, no resolverá, vía mercado, lo fundamental que deben garantizar los poderes públicos y que es garantizar el acceso a la vivienda».
De igual manera, creen que el PP «levanta la veda, planteando soluciones que no atienden a la verdadera complejidad y dimensión de la problemática de la vivienda, alimentando el negocio y la especulación», lo que opinan que «no es política de vivienda sino de economía enfocada a los sectores inmobiliarios y de la construcción».