Antoni Vera (Andratx, 1973) atiende a este diario una vez que el nuevo curso escolar ya ha arrancado. El conseller de Educació del PP tiene una gran responsabilidad: gestionar el sector que en 2015 propició, en buena medida, que su partido perdiera el Govern tras las protestas por el TIL y los recortes en el sector.
¿Cómo están siendo estas primeras semanas en el cargo?
—De mucho trabajo. He encontrado una Conselleria muy sobredimensionada a nivel estructural. Espero que esto vaya en consonancia con la efectividad
¿Qué políticas prevén cambiar?
—Lo primero que ya hemos modificado es el sistema de evaluación, recuperando las notas numéricas. Se hizo de forma farragosa y solo complicó la vida a docentes y a familias, que no entendían las notas. Impulsaremos la libre elección de centro, aumentaremos la dotación a la diversidad y necesidades educativas especiales, implantaremos nuevas titulaciones y haremos la residencia universitaria.
El 22 % de los centros públicos y concertados de Palma tienen más de un 30 % de alumnos con Necessitats Específiques de Suport Educatiu, pero la pública asume el 78,5 %. ¿Qué harán?
—La atención a la diversidad es una de las premisas básicas y, por eso, estamos en el proceso de crear la Mesa d'Educació Inclusiva i Especial. Destinaremos más recursos en este sentido porque el anterior equipo la dejó muy mal dotada. ¿Por qué Eivissa ha salido tan perjudicada con respecto al resto de islas? No lo sé. Aunque en todas las islas se requiere mayor apoyo.
Pero, ¿no prevén ningún cambio estructural contra la segregación?
—Un alumno con necesidades especiales es igual en la concertada que en la pública, pero hemos encontrado que la concertada estaba menos dotada. Los recursos serán iguales para ambas enseñanzas porque ahora no lo eran. Así puede que consigamos evitar que haya una acumulación en determinados centros.
La enseñanza concertada se reforzará en detrimento de la pública?
—No. Ambas están sostenidas con fondos públicos. La concertada es una red complementaria a la pública, no subsidiaria, como quiso demostrar el anterior Govern maltratándola.
Ante la jubilación masiva de docentes prevista esta década, ¿seguirán convocando concursos de oposición cada año?
—Sí, volveremos a convocarlas durante este mandato.
¿Continuarán digitalizando la educación y las aulas o frenarán el proceso, como ha hecho Suecia y otros países?
—Al departamento de digitalización llega la ayuda europea y estatal para dotar a los centros de pizarras y ordenadores, entre otras cosas. Seguirá siendo así. Aunque como profesor, no como conseller, he visto que se ha perdido bastante la corrección gramatical por cómo se usa la tecnología.
¿Las aulas modulares desaparecerán durante su mandato?
—Pensaba que sí, pero hay una realidad que me ha sobrepasado. Hemos tenido que habilitar cuatro nuevas este curso para garantizar servicios de comedor y estamos en 156 aulas modulares. El Govern anterior me ha dejado todo un centro escolar hecho de esta manera en sa Pobla, sin proyecto para cambiarlo.
Cuando el PP estaba en la oposición hablaban de barracones, ¿se ha politizado?
—La izquierda estableció ese concepto antes de gobernar. No lo cambiaré yo, pero evidentemente son aulas modulares. Estoy completamente en contra de recurrir a ellas, sobre todo si es para crear un centro completo.
¿Cómo reducirán el número de alumnos por aula?
—Necesitamos crear más plazas. Me comprometo a bajar en todo lo que pueda las ratios esta legislatura. Ahora están entre 20 y 22 en Infantil, 25 en Primaria y unos 30 en Secundaria.
Siendo profesor de catalán, ¿está a favor de implantar la libre elección de lengua en todas las etapas, como exige el acuerdo con Vox?
—Tenemos claro que es un derecho que, legislativamente, está marcado para la primera enseñanza. La Ley balear de Educación lo recoge basándonos en la Ley de Normalización Lingüística de 1986. Haremos efectivo este derecho porque no se ha cumplido del todo. Los padres pueden decir en qué lengua hacen la lectoescritura sus hijos.
¿Y en el resto de etapas, como marca el pacto firmado?
—Siempre hemos sido claros: creemos en el equilibrio y la equidad de las dos lenguas oficiales. Nuestro acuerdo con Vox pasa por mantener este equilibrio.
¿Temen generar un nuevo conflicto lingüístico que dio origen a la ‘marea verda'?
—Fueron años convulsos en los que se juntaron muchas cosas. La izquierda nos dejó los cajones vacíos, se cerraron empresas públicas, se despedía a gente porque no había para nóminas.
Pero el TIL buscaba modificar el modelo, como ahora. ¿No temen que esto genere otro conflicto?
—¿Por la elección en la primera enseñanza? No, no temo a ningún conflicto, es un derecho.
Insisto, ¿y en el resto de etapas, cómo se acordó con Vox?
—Ahora trabajamos en este curso, no puedo mirar más allá, como con la libre elección de centro escolar, que también se aplicará el próximo curso.