La Guardia Civil ya requirió al IB-Salut en el año 2022 toda la información sobre la empresa investigada por las supuestas mordidas en los contratos para transportar material durante la pandemia. Varios agentes se personaron en las instalaciones del servicio de salud y se llevaron un pen drive con todo el expediente. Fue el día 19 de julio de 2022 en el marco de una operación coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Los agentes solicitaron la información a Manuel Palomino, que hacía las funciones de director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas estaba siendo investigada al menos desde entonces, algo que ya conocía el Govern de Francia Armengol en virtud de esta petición de información.
Fuentes socialistas reconocieron ayer que conocían esta actuación de la Guardia Civil, pero en su momento la desvincularon del caso de las mascarillas que habían tenido que ser retiradas.
Las explicaciones
El portavoz socialista, Iago Negueruela, se refirió a esta circunstancia. Sobre por qué el Govern esperó tanto tiempo para reclamar la devolución del dinero, a pesar de que sabía que la Guardia Civil ya investigaba el caso, Negueruela contestó que no se sabía qué investigaban. Afirmó que los agentes piden información de muchos expedientes y recalcó que, en cualquier caso, desde que se inicia un procedimiento de restitución del dinero hasta que el proceso finaliza pueden pasar meses.
Aseguran, además, que la empresa no estaba de acuerdo con que las mascarillas no se consideran FFP2, ya que había presentado un informe que decía lo contrario al del Govern, por lo que la cuestión no estaba tan clara.
El apunte
Una investigación similar llega a Canarias
u Balears no es la única comunidad a la que ha salpicado el escándalo de la compra de mascarillas durante la pandemia. Una investigación similar ha llegado a Canarias, donde el gobierno del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, firmó dos contratos con la misma empresa que el Govern. También allí ha habido una fuerte polémica política por este caso.