El director general del IB-Salut, Javier Ureña informó ayer de que, una vez que la Audiencia Nacional acepte la personación del Govern en la causa que investiga a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL por presunta corrupción, Salut abrirá una nueva reclamación por la vía penal solicitando el importe íntegro de la operación (3,7 millones de euros), y no el supuesto sobrecoste (de 2,6).
Se abre así un nuevo escenario en el que el hecho de si ha caducado o no la reclamación del Govern para recuperar esta partida dentro del ‘caso Koldo' pasa a ser irrelevante y se desmonta parte del debate político suscitado por el PSOE.
«Lo importante es que el actual procedimiento no está condicionado por la caducidad del expediente», advirtió Ureña, señalando la discrepancia entre el Tribunal Supremo, que advierte que este tipo de resoluciones deben resolverse en un máximo de seis meses, y el Govern, que defiende que el plazo es de ocho, según la ley de Contratos y que van en tiempo y forma (según la calendarización de los hechos, prescribiría el 24 de agosto).
Sin embargo, «el éxito de este proceso no está vinculado al derecho a reclamar por parte del IB-Salut», explicaba Ureña. Sino al hecho de que el anterior director de Gestión y Presupuestos del Servei, Manuel Palomino, afirmara el 12 de agosto de 2020 que el contrato con la empresa afectada «se había ejecutado con plena satisfacción», pese a que no era cierto.
Y es que, según recoge el expediente, tres meses antes el mismo IB-Salut enviaba una muestra del material al Centro Nacional de Medios de Protección para que verificara la utilidad y validez de las mascarilla. El 8 de junio, poco tiempo después, se confirmaba que no se correspondían con los modelos FFP2 que se suponían que habían adquirido y pagado, sino con otro de una protección inferior, como también lo era, por tanto, su coste.
Incongruencia
Pese a tener constancia del presunto engaño, Salut emitió este certificado para la empresa, un documento que cabe añadir, es bastante común en este tipo de trámites «porque así es como los contratistas garantizan su solvencia», admitió el actual responsable del IB-Salut.
Y es en base a esta incongruencia como se complica pedir la resolución parcial del contrato y que prospere la reclamación del presunto sobrecoste a la empresa responsable. Es más, ésta es una de las principales alegaciones que le hizo la empresa afectada al Govern el pasado mes de octubre.
Aunque ésta es la principal, hay otras justificaciones. Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL señala que IB-Salut dio su conformidad al recibir el envío; también que las mascarillas entregadas cumplían con las características impuestas por el Ministerio de Sanidad en un momento de escasez de EPI (equipo de protección individual). Alega además que Salut sabía que no se trataba de mascarillas FFP2, sino KN95, de inferior calidad, y que el hecho de rechazar su uso hospitalario fue una
interpretación errónea
Pese a todo, el Govern no renuncia a recuperar esta partida y, en este momento, «hemos pasado del ámbito administrativo, al ámbito penal. Como somos afectados nos hemos personado y ahora reclamaremos el montante total. Vamos a agotar todas las vías posibles», señaló Ureña con contundencia.
Por otra parte, con esta solicitud se pretende tener acceso a toda la información recabada por la Audiencia Nacional y comprobar así la magnitud de los hechos, «qué documentación se ha aportado y qué forma es la idónea para proceder», añadía a su lado , la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas.
Durante la comparecencia de ambos responsables políticos, se recordó que el IB-Salut abrió la semana pasada una auditoría del expediente y pasó a realizarse una nueva cronología.
Orden temporal
El expediente empieza el 25 abril del año 2020, cuando Iñigo Rotaeche, el responsable de la empresa investigada en el ‘caso Koldo', le ofrece a Manuel Palomino un avión con 1.329 cajas de mascarillas. En los días siguientes se ejecuta la orden de pago con un contrato tramitado por la vía de emergencia y el Consell de Govern da la conformidad a la operación. Un mes después de recibirlas se sospecha que la calidad es inferior a lo que se ha pagado por ellas y solicitan una comprobación formal.
Pese a todo, en agosto Salut emitiría un certificado de conformidad con lo recibido y la factura se remitiría a la dirección de Fondos Europeos para que fuera financiada con fondos Feder.