La Fiscalía Europea ha abierto una investigación formal sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión en Balears. El organismo ha asumido la competencia del grueso de la trama en las Islas por posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. También indagará en los contratos con Canarias.
En un comunicado desde Luxemburgo, el organismo señala que, tras varias diligencias para aclarar su competencia, por la afectación a fondos de la UE, ha decidido abrir una investigación que parte de la denuncia de un particular, a la que se han sumado las pesquisas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de la Unión Europea, creada hace dos años, funciona en la práctica como un juzgado de instrucción. Esta entidad se encarga de toda la tramitación de la causa, de los interrogatorios a los investigados y de cualquier diligencia para aclarar los hechos y solo tiene que acudir a un juez de garantías de la Audiencia Nacional para solicitar medidas que interfieran con derechos fundamentales. En el mes de junio, fue enviado allí por la Audiencia Nacional el expediente del millón y medio de mascarillas que adquirió Balears junto a los informes de la Guardia Civil sobre ellos.
Los informes ponían de manifiesto que la contratación siguió a una llamada telefónica a alguien del Govern y que el contrato fue posterior a la recepción del material en las Islas. También se valora un posible sobrecoste.
Así, el grueso de la causa que afecta a Balears queda bajo esa jurisdicción y en la Audiencia Nacional queda el fleco de un posible tráfico de influencias.
En paralelo, el juez encargado del ‘caso Koldo', Ismael Moreno, no ha tenido por personada de forma automática a la Abogacía de la Comunitat en la causa. La petición se formalizó la semana pasada y la respuesta del magistrado ha sido remitir la solicitud a la Fiscalía y preguntarle al respecto.
Detrás de la petición está la duda de si Balears tiene condición de víctima de los posibles delitos investigados en la causa. La Audiencia Nacional se ha quedado con una parte mínima de los hechos relacionados con la contratación de Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros: las posibles maniobras realizadas por Koldo y el resto de la organización criminal para intentar frenar la reclamación administrativa de una parte de los fondos. Son los hechos en los que se hace más énfasis en los informes de la Guardia Civil y los autos del juez. El problema es que el tráfico de influencias requiere un funcionario público que haya sido influenciado. Esa es la gran pieza que falta en la investigación de la Audiencia Nacional en torno a Balears.
Las conversaciones entre los investigados no identifican a ningún funcionario o autoridad en concreto y tampoco existe la certeza de que obtuvieran algún tipo de resultado. Las sospechas que ponen de manifiesto los informes de la Guardia Civil se basan en una serie de pinchazos telefónicos que se llevan a cabo en el otoño del año pasado y este mismo invierno. Es decir, cuando la Administración que se pretende personar en la causa ya era gobernada por el PP. En el ‘caso Koldo' ya están personados los dos partidos que forman el Gobierno autonómico: tanto el Partido Popular como Vox ejercen la acusación popular.