El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ha entregado a la Audiencia Nacional el expediente de descertificacion del gasto de compra de mascarillas para «acreditar el perjuicio» de la CCAA y «continuar con la personación» del Govern como parte perjudicada en el caso que investiga la compra de mascarillas de protección por el valor de 3,7 millones de euros mediante la empresa Soluciones de Gestión.
Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que el juez rechaza la personación del Ejecutivo balear en el caso Koldo al considerar que, como las mascarillas fraudulentas se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración autonómica.
Costa ha señalado que el Ejecutivo balear entiende que «hay elementos suficientes» para llevar a cabo la personación y reclamar el importe total del contrato de la compra de mascarillas. Así, se ha referido al trámite iniciado por su Conselleria --Economía, Hacienda e Innovación--, un expediente de descertificación de gasto que en la práctica implica renunciar a los fondos. El Ejecutivo justifica esta actuación en el cumplimiento de protocolos de lucha contra el fraude y normativa Feder.
Asimismo, ha explicado que la descertificación se ha hecho también para prevenir una potencial suspensión de fondos por parte de la UE. «Que espero que no pase», ha remarcado Costa. «El perjuicio económico es evidente y, en consecuencia, pensamos que la Audiencia Nacional reconsiderará esta personación de la Comunidad Autónoma en este caso», ha insistido.
«Demostramos que somos claramente parte perjudicada», ha argumentado, considerando que «sería incoherente que el Juzgado no diera la razón» a la Comunidad Autónoma y que, confían, «tomará la decisión de que Baleares se pueda personar».
EL GOVERN "NO DESCARTA NINGUNA VÍA" PARA RECUPERAR EL DINERO
El portavoz ha insistido en que el Govern «no descarta ninguna vía», ni la administrativa ni la penal, para recuperar el gasto de la compra de las mascarillas.
En este sentido, ha asegurado que el procedimiento administrativo no ha caducado pero que tiene un «serio riesgo de fracaso» y «es difícil que pueda prosperar», puesto que el IbSalut emitió un certificado avalando que el contrato fue satisfactorio.