La Audiencia Nacional ha admitido la petición del Govern de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras aportar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato de 3,7 millones a la empresa investigada.
La personación dará acceso al Govern a la documentación de la causa y le permitirá solicitar las diligencias que considere oportunas. Esta decisión de la Sala de lo Penal es firme y no se puede recurrir.
La Sala ha estimado el recurso de apelación promovido por la Abogacía de la Comunidad contra la decisión del juez Ismael Moreno, que denegó la personación dado que el contrató fue financiado con fondos europeos. Por ello, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 entendía que la perjudicada sería, en todo caso, Europa. La Fiscalía también se opuso a la personación de la Comunidad.
En ese contexto, el departamento que dirige el vicepresidente Antoni Costa ejecutó una descertificación de fondos Feder, un paso que la Conselleria justifica en la aplicación de protocolos antifraude. La Abogacía de la Comunidad presentó entonces a la Audiencia un informe del Ministerio de Hacienda acreditando el descuento de fondos por parte de la UE, que ha recuperado el montante ingresado a Baleares.
Por ello, la Sala da la razón al Govern al haber acreditado «que el gasto derivado del expediente ha sido finalmente satisfecho por la Comunidad Autónoma, quien paga el importe de las dos facturas que presenta la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por el suministro de un material».
«Este Tribunal entiende que el Servicio de Salud ostenta la cualidad de perjudicado por el daño patrimonial que pudiera haberse irrogado por los delitos que se investigan, sin perjuicio de los que resulte finalmente de la investigación», incide la resolución.
Desde el Govern han insistido en un comunicado en que en todo momento entendieron «que existían elementos suficientes para personarse y reclamar el importe total del contrato de compra», 3,7 millones --en lugar de los 2,6 millones de la primera reclamación presentada a la empresa--.
En esta línea, la Conselleria de Salud ha recalcado que el IbSalut mantiene abiertas «todas las vías administrativas posibles para reclamar el importe íntegro», recordando que el 21 de marzo abrieron una revisión de oficio declarando la nulidad del contrato desde su origen. La empresa presentó alegaciones.