El decreto de simplificación administrativa del Govern da más herramientas a los consells para que puedan actuar contra el alquiler turístico ilegal y los inspectores precinten los pisos que se alquilen ilegalmente. El Govern quiere, además, que las policías locales puedan actuar en las labores de inspección y anuncia que muy probablemente se presentará una enmienda para que la policía también pueda precintar estos pisos alquilados sin permiso, según Antoni Costa. El PSIB duda de que esta medida se pueda llevar a cabo y el diputado socialista Marc Pons ya alerta de que el precinto de una vivienda solo lo puede aprobar un juez.
La norma incluye varias disposiciones con cambios en la normativa turística vigente. La más destacada es esta ofensiva contra el alquiler ilegal, pero el ‘decretazo Prohens' incluye que se declaren nuevas zonas turísticas maduras, como es el caso del paseo marítimo de Palma, lo que le permitirá entrar en el proceso de renovación de otras áreas.
No es más que una mínima parte de un decreto que supone una auténtica convulsión y una enmienda a la totalidad a buena parte de la legislación que se ha aprobado a lo largo de estos 40 años de autonomía. La norma modifica de forma parcial o sustancial 46 leyes en vigor, algunas tan sensibles como la Ley de Conservación de la Naturaleza, la ley de estudio de impacto ambiental, la de educación, la de residuos, la de carreteras, la de suelo rústico, medidas contra la COVID, puertos, ley agraria…
El texto, además, presenta la novedad de que los ayuntamientos de Palma e Ibiza por su condición de capitalidad puedan pedir al Consell de Govern la declaración de inversión de interés autonómico de determinados equipamientos. También contempla que, mediante acuerdo del Consell de Govern, se deben determinar para cada curso escolar y para cada una de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera los puestos de dífícil cobertura y de muy difícil cobertura «en función de la ubicación geográfica, de la especialidad docente o de otros criterios que el Consell de Govern puedan determinar».
Una de las disposiciones que cambiea el decreto es la ley de bienestar para las generaciones futuras, que impulsó el GOB en la pasada legislatura. Se mantiene la comisión que crea esta ley para revisar las leyes que aprueba el Govern, pero sus informes dejarán de ser vinculantes como hasta ahora. También se confirma la desaparición de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que ya se había anunciado.
Además hay medidas relacionadas con la posibilidad de instalar nuevos chiringuitos. No se legalizan los que están en zonas que no competencia del Govern, pero se permite el uso de restauración en la zona de servidumbre, que sí depende de Baleares.
Hay modificaciones en la ley de cambio climático para facilitar el proceso de instalación de autoconsumo y cambios en la ley de residuos para flexibilizar un año, hasta 2025, la prohibición total de las bolsas de plástico que reúnen una serie de condiciones.
El decreto es tan amplio que cambia leyes como la de educación o la de ITV. En el caso de la ley educativa, se incluyen medidas para facilitar que las escoletas privadas puedan acogerse a la gratuidad de la enseñanza. También se incorpora la posibilidad de que los centros educativos concertados puedan obtener la declaración de interés autonómico cuando vayan a hacer obras. El ‘decretazo' garantiza la gratuidad del transporte escolar también en Bachillerato. Por lo que se refiere a la ITV, se da a los consells la posibilidad de que privaticen el servicio.
En todo el espíritu del texto hay una clara supresión de trámites, de informes preceptivos y de disposiciones cautelares previas a la realización de proyectos y de normas de todo tipo.