El resultado de las elecciones que se celebran este domingo en toda Europa también tendrá consecuencias directas en Baleares y no solo relativas a la insularidad porque uno de los caballos de batalla de la próxima legislatura puede ser la posibilidad de que Europa fija una «excepción insular» para la compra de vivienda a los no residentes.
Las instituciones europeas no tienen competencias en materia de vivienda pero sí la tienen en la regulación del mercado y de la libre circulación de personas y de capitales. Eso significa que Baleares no puede poner limitaciones a la venta de vivienda a los residentes en la Unión Europea, como tampoco Alemania puede vetar la compra de vivienda a un ciudadano español. En algunos territorios, como Dinamarca, Croacia, Malta y ciertas islas de Finlandia, la venta está limitada o condicionada porque están países entraron en la Unión con esta condición previo.
Sin embargo, los partidos de izquierda, como Podemos o Sumar, quieren plantear lo que ya se ha bautizado como la «excepción insular», que es la posibilidad de limitar la venta de casas a los no residentes en aquellos territorios donde la excesiva presión turística ha provocado una enorme tensión en los precios.
Un problema común
La situación no es exclusiva de Baleares, donde las ventas a extranjeros suponen un tercio del negocio inmobiliario. Canarias se encuentra en la misma situación y este problema se repite en algunas islas griegas. Los partidos de derechas no apoyan esta medida y defienden que debe cumplirse la normativa europea que no limita los movimientos de personas y capital. El PSOE no habla de este asunto en su programa, aunque desde Baleares se han solicitado medidas de prohibición a la compraventa de vivienda, algo que después descartó en el Congreso.
El debate sobre el posible veto a la compra de vivienda o los no residentes es uno de los aspectos que pueden decidirse en la legislatura que comienza a partir de las elecciones de este domingo porque los partidos también llevan en sus programas medidas relativas al turismo, con el alquiler turístico ilegal en el centro de la diana.
Plataformas de alquiler
La mirada está puesto en las plataformas, como AirBnb o Booking, que anuncian este tipo de oferta. Los partidos de izquierdas incluyen en sus programas medidas para que estas plataformas de alquiler de corta duración controlen los anuncios, pero también el PP balear está a favor de esta medida y las autoridades de Baleares ya han defendido que las instituciones europeas deben intervenir en esta regulación. En esencia, la normativa europea busca obligar a las plataformas a indicar los pisos que tienen licencia turística. Podemos y Sumar también proponen fijar un tope al número de viviendas que se puedan destinar al alquiler turístico y Podemos fija este límite en un 2 % máximo.
Estos dos grandes temas que afectan más directamente a los ciudadanos han dejado en un segundo plano la reivindicación central de Baleares desde que se España se adhirió al Tratado de Maastritch, en el año 1992: el reconocimiento de la insularidad.
A diferencia de Canarias, Baleares no está considera una región ultraperiférica por lo que no tiene las mismas posibilidades de acceso a ayudas o compensaciones de los territorios europeos. Por ello, una de las peticiones históricas de los gobernantes en las Islas es que se elimine la regla de mínimis, que supone establecer un tope máximo de ayudas para las empresas. Esta regla está pensada para que los estados no puedan subvencionar a determinados sectores y romper así la unión de mercado con ayudas de dumping, pero las autoridades de las islas creen que, en el caso de Balears, lo que hacen es evitar medidas reales para compensar la situación de desventaja de los territorios insulares, que lastran su competitividad.
Lo que apruebe el Parlamento Europeo también tendrá consecuencias en temas centrales para la Comunitat, aunque los ciudadanos los perciben como algo más lejano, como pueden ser las condiciones para la reducción de residuos, ayudas para la implantación de energías renovables y políticas específicas para Baleares que desborden la Política Agraria Común o el establecimiento de cuotas pesqueras específicas, así como restricciones en la autorización de determinadas artes de pesca.