La Audiencia Provincial de Baleares ha absuelto al matrimonio y el responsable de una inmobiliaria acusados de estafa por la venta de una vivienda, en un barrio a las afueras de Palma, sobre la que pesaba una orden de demolición.
La Fiscalía pedía para cada uno una condena de cinco años de cárcel y el pago de una indemnización para los perjudicados de más de 360.000 euros más intereses. El fiscal y el abogado de los compradores sostenían que los vendedores habían ocultado deliberadamente que la vivienda era completamente ilegal y que sobre ella pesaba la orden de derribo, tesis que no ha aceptado la Sala.
Los compradores explicaron en el juicio que fue dos años más tarde de la compra, al recibir una notificación municipal las navidades de 2019, cuando descubrieron que el Ayuntamiento exigía derribar el inmueble.
Sin embargo, la Audiencia entiende que en el momento de efectuar la venta los antiguos dueños --representados en el juicio por el despacho de abogados Torres Quetglas-- desconocían la existencia del expediente de disciplina urbanística, porque la inspectora que lo abrió había dejado el aviso en la obra cuando ésta estaba paralizada desde hacía tiempo.
La sentencia argumenta, en consecuencia, que "esa ausencia de conocimiento y voluntad criminales son extensibles al coacusado intermediario", el responsable de la inmobiliaria, que estuvo defendido en el caso por el abogado Germán García.
"No ha quedado acreditado concierto alguno entre los acusados al fin criminal imputado", razonan los magistrados, que descartan que tuvieran voluntad de engañar a los compradores.
Tenían una licencia, pero las obras excedían la autorización
Según declara probado la sentencia, en 2013 el matrimonio se encontraba inmerso en una reforma integral del inmueble con el asesoramiento de un arquitecto. Fue éste quien promovió las solicitudes al Ayuntamiento para un proyecto básico y obtuvo la correspondiente licencia con una serie de condiciones. Los magistrados consideran "dudoso" que el matrimonio estuviera al tanto de los detalles.
Así, aun con una licencia concedida las obras comenzaron por parte de un constructor --conocido del arquitecto-- sin la presentación de una serie de documentos necesarios. La ejecución se prolongó más de un año hasta que, según los vendedores, se quedaron sin dinero para continuar y por eso posteriormente decidieron vender.
Pero mientras las obras estuvieron en marcha, en abril de 2015, uno de los vecinos denunció por los ruidos. La celadora de obras elaboró un acta de inspección y dejó aviso por ausencia en la obra cuando ya estaba paralizada. La sentencia declara que los entonces propietarios "no tuvieron conocimiento de dicha inspección".
De hecho, el expediente de disciplina urbanística contra ellos, como promotores de la obra, no se inició hasta diciembre de 2018, después de compraventa. El expediente constata que las obras excedían la licencia concedida y las califica como no legalizables, por lo que se tiene que derribar la edificación.
Fue en 2017 cuando los anteriores dueños pusieron a la venta el inmueble, con una inmobiliaria que, según declara la sentencia, también era completamente ajena al problema previo con las obras.
En agosto de ese año otorgaron el contrato de opción de compra, haciendo constar que estaba libre de procedimientos sancionadores e infracciones urbanísticas, y el contrato de compraventa se rubricó en septiembre, por 210.000 euros más 18.000 euros de gastos. Los denunciantes únicamente coincidieron con los antiguos propietarios los días que firmaron dichos contratos, encuentros en los que sólo cruzaron algunas palabras.
Después los compradores acordaron con el responsable de la inmobiliaria una serie de obras que no llegaron a completarse, y que tuvo que terminar otra empresa.
No es viable legalizarla
En diciembre de 2019 llegó la carta del Ayuntamiento informando del expediente de demolición que se venía sustanciando desde 2015. "La sorpresa fue cuando nos llegó una carta diciendo que había que tirar la casa abajo. Me fui corriendo al Ayuntamiento", explicó uno de los afectados.
La pareja intentó promover un proyecto para legalizar la vivienda pero desde el Ayuntamiento les han indicado que no es viable. Actualmente siguen residiendo allí y están pagando multas coercitivas para no derribar la casa.
La sentencia sí recoge que los antiguos propietarios fueron notificados de la incoación del expediente en febrero de 2019.