El PP ha pedido al Gobierno central el reconocimiento de una ruta balear de inmigración, una mayor dotación de recursos al Govern para afrontar la llegada de migrantes y la recomposición de relaciones con Argelia con el objetivo de que se cumplan los convenios de lucha contra el terrorismo y crimen organizado y el de devolución de personas en situación irregular.
Así lo ha reivindicado este lunes el diputado del PP en el Congreso José Vicente Marí, en una rueda de prensa en la que ha criticado que el Ejecutivo central «no tiene política migratoria» y ha desmentido que la modificación de la Ley de Extranjería, que se rechazó la semana pasada en la Cámara Baja, afectara a Baleares.
Asimismo, ha sostenido que existe una «crisis migratoria» en el conjunto del país y ha calificado de «vergüenza» que los gobiernos autonómicos tengan que «suplir» la política de migración del Gobierno de España.
Por otro lado, ha reprochado que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no se haya reunido con ningún representante de las instituciones baleares para abordar la cuestión migratoria, algo que ha aducido a la «mala fe» de la ministra, puesto que ha asegurado que, desde el Govern, se le han enviado cartas para solicitar el encuentro de manera formal.
De igual modo, ha censurado que los ministros del Gobierno –Saiz y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que visitó Baleares el pasado jueves– «no tengan cinco minutos para tratar los asuntos de Baleares», por lo que ha acusado a Saiz de «mentir» por afirmar que hay diferentes foros para debatir esta cuestión.
Marí ha apuntado que desde hace cinco años el PP defiende que hay una «ruta consolidada» hacia Baleares, que es «usada por las mafias» mientras el Gobierno «mira hacia otro lado».
Otras de las solicitudes a las que se han referido los ‘populares' son el incremento del plus de insularidad para los trabajadores públicos, la implantación de un sistema de vigilancia exterior en Formentera o una mayor dotación de recursos materiales para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Todas estas reclamaciones están motivadas porque, según ha indicado Marí, la capacidad de acogida de migrantes de Baleares está superada en un 650 por ciento, por lo que ha pedido al Gobierno que, «antes de venir a Baleares a hacer homenajes, haga una labor callada y discreta» en este sentido.
Otro de los argumentos que ha empleado para defender su discurso es que el Govern ha aceptado el reparto de los migrantes llegados a Canarias, algo que ha señalado que «no han hecho Cataluña o el País Vasco».
Antes de lanzar esta serie de propuestas, Marí ha hecho valoración del primer año de la nueva legislatura, del que ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dedicado a «defenderse de una corrupción generalizada en su partido y su entorno», que ha ejemplificado en el ‘caso Koldo' o la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez.
Así, ha recalcado que en este año «solo se ha aprobado la ley de amnistía» y ha criticado la «incapacidad» para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha afirmado que es un Gobierno que «no gobierna».
Frente a la situación descrita, ha puesto en valor la labor de los representantes del PP de Baleares en las Cortes Generales al reclamar una mayor dotación presupuestaria para el plus de insularidad, la eliminación del carril bus-VAO en Palma, la devolución del dinero de los convenios de carreteras a los Consells, viviendas para policías en Ibiza o la demarcación judicial de Formentera.