El Govern pacta unos nuevos presupuestos con Vox con acuerdos en Inmigración y Lengua

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha comparecido en rueda de prensa acompañada del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y ha reconocido que la negociación con la tercera fuerza política ha sido "compleja y global", aunque se ha mostrado "satisfecha".

A grandes rasgos, el Ejecutivo autonómico atiende varias reclamaciones consideradas prioritarias por Vox en materia lingüística, de inmigración irregular y sobre el Pacto Verde Europeo.

Prohens se ha comprometido a impulsar medidas concretas, en el marco de las competencias autonómicas, contra la inmigración irregular y en defensa del sector primario. En este sentido, ha reconocido que los acuerdos en estas dos cuestiones "no han sido un obstáculo". Baleares, ha insistido, no puede acoger a más migrantes en condiciones de dignidad.

En materia de lengua, por otra parte, la líder del Ejecutivo ha afirmado que PP y Vox han encontrado puntos de acuerdo sin renunciar cada formación "a sus líneas rojas" y para "respetar la voluntad de la mayoría ciudadana".

Prohens ha agradecido la voluntad de Vox de llegar a un acuerdo presupuestario y la confianza que ha permitido impulsar recientemente otros acuerdos. La presidenta del Govern ha alabado el trabajo de los consellers, que precisamente han arropado en pleno -a excepción de la consellera de Salud, Manuela García - la presentación de las cuentas en la sala de prensa del Consolat de Mar. "No nos hemos desviado de nuestro programa", ha afirmado.

En los próximos días iniciará la correspondiente tramitación parlamentaria para aprobarse definitivamente. De este modo, concluiría la actual prórroga presupuestaria y se aprobarían los segundos presupuestos de este Govern, lo que contribuiría a la estabilidad justo cuando se cumple el ecuador de la legislatura.

Las cuentas, ha resaltado Antoni Costa, son prácticamente idénticas a las que se presentaron en noviembre del año pasado y que penden del techo de gasto que sí que fue aprobado en la Cámara autonómica.

Los 7.469,1 millones de euros son un aumento de 148,4 millones (2%) en comparación con la aprobada para el ejercicio de 2024. El presupuesto no financiero, al que el Parlament dio luz verde el 22 de octubre del año pasado, asciende a los 6.562,88 millones de euros (197,4 millones más, un 3,01%), y el presupuesto financiero, que servirá para financiar deuda, se sitúa en los 906,3 millones (un descenso de 48,9 millones en comparación con los presupuestos de 2024, una caída del 5,1%).

El gasto social, el destinado a educación, salud, servicios sociales y vivienda, será el más alto de la historia (4.438,7 millones de euros), de forma que supera en 216,3 millones el de 2024 (+5,1%). El presupuesto de educación será de 1.416,5 millones de euros, 63,8 millones más que en 2024 (4,7%). En cuanto al área de salud, tendrá un presupuesto de 2.445,9 millones de euros, 77,6 millones más (3,3%). El presupuesto para servicios sociales será de 389,6 millones de euros, 37,1 millones más que en el anterior ejercicio (10,5%), y el destinado a vivienda será de 186,7 millones, lo que supone un aumento de 37,8 millones (25,4%).

Buena parte de estos incrementos, ha explicado la presidenta, se explica por las medidas que ha implantado el Govern para asegurar la captación y fidelización de los trabajadores públicos de estas áreas, y garantizar así la prestación de unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos.

Entre estas medidas, destacan la reactivación de la carrera profesional en el ámbito sanitario, la contratación de 770 docentes y 74 psicólogos en los centros educativos o la puesta en marcha de pluses de difícil y muy difícil cobertura para cubrir el máximo de plazas en todas las islas.

Prohens y Costa ha reivindicado que el acuerdo da respuesta a demandas históricas como la homogeneización de la indemnización por residencia para compensar el sobrecoste de la insularidad, a partir del 2026, y permite la recuperación de los derechos económicos y de las cantidades que el anterior gobierno congeló a los empleados públicos desde el año 2020.

Otro incremento sustancial se produce en las inversiones en materia del ciclo del agua, puesto que llega a unos históricos 200 millones de euros.

Por otra parte, el factor de insularidad del régimen especial de Baleares comporta 127,8 millones de euros, que se dividen entre 59,18 millones para la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad; 28,9 millones para la Conselleria de Salud; 14,76 millones para la Conselleria de Educación y Universidades; 8,05 millones para la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación; 7,45 millones para la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural; 5 millones para la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua; 2,8 millones para la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, y 1,69 millones para la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas.

Por su parte, la financiación para los consells insulares, que viene determinada por la Ley 3/2014, se sitúa en 546,7 millones de euros. Si se mira la distribución por islas, Mallorca recibirá 387,2 millones; Menorca, 70,8 millones; Ibiza, 77,4 millones, y Formentera, 11,3 millones.

Los consells insulares recibirán más financiación gracias a medidas como, por ejemplo, el inicio de los anticipos de los convenios de carreteras para mejorar la seguridad viaria.

El presupuesto no financiero prevé, por segundo ejercicio consecutivo, un escenario para 2025 de déficit cero, es decir, de equilibrio presupuestario.

Además, el próximo año se estima reducir la deuda pública en 21,5 millones de euros (8.404,5 millones totales), si se compara con el cierre de 2024 (8.426 millones). Si se mira el volumen de deuda sobre el producto interior bruto de las Islas (PIB), en 2025 se situará en el 17,7%, un 1,1% menos que el cierre de 2024. Esta sería la cifra más baja desde 2012, cuando se situó en el 23,5%.

Costa ha recordado que el aumento del gasto no financiero, la previsión de equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda - en términos absolutos y relativos - se producen con la reforma fiscal plenamente implantada, tanto en cuanto a las bonificaciones al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a las reducciones del tramo autonómico del IRPF o a las deducciones mejoradas o creadas para incrementar el ahorro y la renta disponible de los ciudadanos.