El Govern ha presentado este lunes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender la efectividad del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de los menores migrantes no acompañados.
Esta medida, según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, implicaría la suspensión inmediata de los traslados de menores hacia Baleares que se derivarían de dicha norma.
Según el Govern, el Real Decreto presenta una «nulidad manifiesta de pleno derecho», ya que fue aprobado «sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, obligatorio en las normas reglamentarias que crean derechos y obligaciones ex novo».
Esto, para el Ejecutivo balear, constituye una «infracción clara» del marco legal vigente y «vulnera» el principio de legalidad establecido por la Constitución.
Además, desde la Conselleria han argumentado que la situación del sistema de acogida de menores no acompañados en el archipiélago es «extremadamente crítica». A su criterio, Baleares cuenta con 76 plazas ordinarias y actualmente acoge a más de 700 menores, de modo que «representa una sobresaturación del 1.000 por ciento». Cabe recordar que el decreto asigna a Baleares una capacidad ordinaria de 406 menores no acompañados.
Asimismo, han insistido en que no suspender los traslados supondría «un perjuicio irreversible y haría ineficaz cualquier resolución futura del contencioso administrativo». Los menores, han continuado, serían trasladados a un sistema «ya saturado, degradando la calidad de la atención y vulnerando el derecho al interés superior del menor», previsto tanto en la normativa balear como en convenios internacionales.
El Ejecutivo fundamenta su solicitud en la «urgencia y el interés público», argumentado que los traslados podrían ordenarse de manera inminente y que es «imprescindible» garantizar que los menores no sean trasladados a un sistema «ya sobrecargado», dado que el Gobierno ha declarado Baleares en situación de emergencia migratoria.
Se trata de la primera solicitud de suspensión cautelar que pide el Govern de Marga Prohens, que ya ha avisado que en caso de ser rechazada por el Tribunal Supremo presentará una nueva alegación.