El Govern ha asignado a Formentera casi la mitad de los 7,8 millones de euros que el Ejecutivo central ha remitido al archipiélago para financiar la atención a los menores inmigrantes no acompañados bajo tutela de los consells insulars.
El reparto de estos fondos, cuya cuantía exacta es de 7.779.768 euros, se ha realizado teniendo en cuenta el volumen de niños y adolescentes migrantes que atienden y la sobreocupación de sus sistemas de acogida, según explicó este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa. En este punto es preciso recordar que, hasta el momento, han llegado a las Pitiusas casi 3.000 migrantes, la mayoría de ellos a Formentera.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que aprobó la distribución, Costa detalló que al Consell de Formentera le corresponden 3.856.552 euros, el 49,5 %, y al de Mallorca, 3.106.143 euros, casi el 40 %. El Consell d’Eivissa recibirá 728.378 euros, y el de Menorca, 88.694 euros.
El montante total transferido al Govern por el Gobierno central corresponde a la parte proporcional que le corresponde a Baleares de una partida de 100 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, que asciende a casi 4,6 millones de euros, y otros 3,1 millones de euros de una aportación de 35 millones a repartir entre Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.
El Ejecutivo autonómico criticó este viernes de nuevo la insuficiencia de estos recursos y ha denunciado la sobreocupación que sufren los sistemas de acogida de menores inmigrantes no acompañados, competencia de los Consells Insulars.
Las cifras
El reparto de ‘menas’ tutelados por los diferentes Consells no para de crecer y ya se sitúa en los 713. Mallorca tutela 463, Formentera un total de 128, Ibiza 111 y Menorca tiene 11 ‘menas’. En Formentera, se ha pasado de 110 menores tutelados a 128, un crecimiento del 16 %.
Vía judicial
El Govern ha recurrido a la vía judicial para intentar frenar el reparto de ‘menas’ de Canarias dada la saturación que padecen las Baleares. Así, la Abogacía de Baleares interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria contra la resolución por la que se acuerda el traslado y la reubicación de un menor extranjero no acompañado a Baleares.
Así se aprobó en el Consell de Govern de este viernes, según informó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa. Se trata de la tercera propuesta de traslado de un menor no acompañado a Baleares a la que la Abogacía ha interpuesto un recurso. De momento, ha dicho el portavoz, no ha llegado ninguno de los tres menores.
El recurso se ha interpuesto contra la resolución de 4 de diciembre de 2025 del delegado del Gobierno en Canarias por la que se acuerda el traslado y la reubicación de un menor extranjero no acompañado en las Islas.
Dicha resolución establece que los servicios de protección de la Comunidad Autónoma asuman la tutela y custodia del menor en aplicación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, y el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, relativos a la gestión de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Cabe recordar que la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares ha impugnado ambas normas, con la autorización del Consell de Govern.
Según la Abogacía, la resolución del delegado del Gobierno «no motiva adecuadamente» la desestimación de las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma durante el período de audiencia. En este sentido, se advierte la «vulneración» del procedimiento establecido para el traslado y reubicación de menores, especialmente por la falta del acuerdo previo de la correspondiente conferencia sectorial.
Además, subrayan, la resolución «no tiene en cuenta» el nivel de ocupación de los centros de atención especializada a menores extranjeros no acompañados en el archipiélago ni la situación de emergencia migratoria que el Govern ha retirado en varias ocasiones que sufre la Comunidad Autónoma.
Desde el Ejecutivo autonómico explicaron este viernes que el sistema de protección y tutela de Baleares atiende a un total de 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra «muy superior» a la capacidad ordinaria asignada. En este contexto, el Govern también ha puesto de manifiesto las «deficiencias» del Real Decreto que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de cada comunidad autónoma y asigna a Baleares una capacidad de 406 menores.
Según la Abogacía, esta asignación se fundamenta en criterios «insuficientemente justificados», con una aplicación «opaca y arbitraria» que «genera desequilibrios territoriales y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial».
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