Alfonso Rodríguez Badal, delegado del Gobierno en Baleares, ha presentado este martes un informe sobre la rendición de cuentas del Ejecutivo central en el archipiélago. Durante su intervención, Rodríguez Badal ha enfatizado la extraordinaria asignación de recursos y el impacto positivo de la agenda progresista. Destacó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), beneficiando a unos 41.600 trabajadores, y el impulso a la contratación indefinida, con un crecimiento del 219% en dos legislaturas. La revalorización de las pensiones ha supuesto un incremento medio de 360 euros mensuales para más de 200.000 pensionistas, frente a los 80 euros del sistema anterior. La pensión media en las islas es de 1.395 euros, un aumento acumulado del 23,7% desde 2019.
El delegado ha subrayado que la financiación destinada a la Comunidad Autónoma ha alcanzado «máximos históricos entre 2019 y 2025, en que se ha incrementado un 60,6%». Para 2026, las islas percibirán del sistema de financiación una cifra récord de 4.206 millones de euros, un incremento superior al 4 %. La senda de déficit propuesta para 2026-2028 otorgará a la CAIB un margen fiscal de 153,4 millones de euros.
La condonación de la deuda del Estado asciende a 1.741 millones de euros, lo que, según Rodríguez Badal, «supondrá una reducción del endeudamiento del 20 % respecto a 2023». Esta medida permitirá a la Comunidad destinar recursos a financiar inversiones cruciales. Paralelamente, la inclusión del Factor de Insularidad en los presupuestos de 2023 ha generado una fuente de financiación adicional, pasando de 110 millones de euros iniciales a 160 millones en 2025. El delegado ha afirmado que el Gobierno de España asigna a Baleares 1.300 millones de euros más en financiación autonómica que el último Gobierno del PP, instando al Govern balear a invertir este dinero en aspectos bajo su gestión, como vivienda de protección oficial y reducción de listas de espera sanitarias y de dependencia.
Impulso a las políticas sociales y servicios públicos
Rodríguez Badal ha asegurado que «el Gobierno de España está firmemente comprometido con la defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Baleares», destacando «la apuesta decidida del Gobierno de Sánchez por consolidar lo público en ámbitos esenciales, como la educación o la sanidad». En este contexto, el informe detalla que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha canalizado más de 430 millones de euros hacia las islas en los últimos siete años.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha destinado más de 9,4 millones de euros a programas en Baleares, posibilitando el refuerzo de la Atención Primaria con una inversión estatal de 4,5 millones de euros. En cuanto al escudo social, el archipiélago cuenta con 27.221 perceptores del Ingreso Mínimo Vital, y el bono social eléctrico ha alcanzado a casi 19.000 personas. El delegado también ha resaltado avances clave en movilidad y conectividad. Desde 2019, el Ministerio de Transportes ha asignado a Baleares una media anual de 298 millones de euros, que han servido para financiar la gratuidad del bus y del tren, implementada en 2023. Además, el programa Kit Digital ha promovido la digitalización de pymes y autónomos, con más de 76.700 beneficiarios.
Fondos europeos para la transformación y resiliencia
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se ha consolidado como una herramienta fundamental para la modernización económica, impulsando la productividad y el progreso en sostenibilidad, inclusión y cohesión social. A través de este instrumento, Baleares ha ejecutado un total de 1.358 millones de euros en fondos europeos. De esta cantidad, 495 millones de euros han sido gestionados directamente por el Estado, mientras que el resto ha sido administrado por la Comunidad Autónoma, beneficiando a más de 42.700 empresas, instituciones y ciudadanos del archipiélago.
Entre los proyectos financiados, destacan 153 millones de euros para la ejecución de 30 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), 100 millones de euros del programa de Turismo para Territorios Extrapeninsulares, y 3 millones de euros para Ibiza, en el marco del Programa Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El Fondo de Resiliencia Autonómica ha permitido financiar con 125 millones de euros la rehabilitación del Aeropuerto de Palma, un proyecto que prevé la creación de cerca de 1.000 empleos.
El delegado del Gobierno ha enfatizado que los fondos europeos también han contribuido a «fortalecer el Estado del Bienestar, en un aspecto esencial como el del acceso a una vivienda». Se están desarrollando 752 pisos de alquiler social en 23 municipios de Baleares gracias al Plan de Recuperación. A los 97,7 millones de euros del PRTR destinados por el Ministerio de Vivienda, se suman 71,4 millones de euros de los Planes Estatales de Vivienda, cerca de 197 millones de euros de Casa 47 (antiguo Sepes), y 18 millones de euros en subvenciones nominativas para más de 2.900 viviendas de nueva construcción proyectadas. Rodríguez Badal ha señalado la relevancia de programas como el Bono Joven, con 19,2 millones de euros invertidos, «para facilitar la emancipación entre este colectivo». Ha insistido en que «la vivienda debería ser la acción central del Govern balear y no lo está siendo», emplazando al Ejecutivo autonómico a «sumarse al Plan Estatal de Vivienda y aplicar el límite a los precios del alquiler».
Gestión migratoria y seguridad
Alfonso Rodríguez Badal ha dedicado un apartado específico a la gestión de la migración irregular, al cierre de un año en el que las llegadas en patera a las islas aumentaron un 24,5 % respecto al año anterior. Este incremento, y la mayor presencia de perfiles vulnerables, motivaron la declaración de emergencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se han dotado 6,7 millones de euros para nuevas instalaciones de acogida en tránsito en Palma e Ibiza, y un módulo de custodia policial en La Savina. Estas medidas se complementan con el refuerzo de efectivos policiales y de Salvamento Marítimo, incluyendo la incorporación del patrullero oceánico «Duque de Ahumada» de la Guardia Civil, diseñado para vigilancia, lucha contra el narcotráfico y rescate. Además, se ha mejorado la vigilancia y detección con una inversión urgente del Ministerio del Interior de 3,3 millones de euros.
La crisis migratoria en Balears ha llevado a Interior a extender hasta finales de octubre la campaña de refuerzo de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Mejora de las condiciones laborales de empleados públicos
Otro avance destacado por el delegado del Gobierno es el Acuerdo Marco para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso este mes de diciembre, contempla un incremento retributivo del 11 % hasta 2028. Fruto de este pacto es el compromiso de revisar al alza los complementos de residencia e insularidad, buscando garantizar la igualdad entre el personal trabajador público. Rodríguez Badal ha señalado que este hito, cuyos términos específicos se concretarán próximamente, es «especialmente relevante en el caso de Baleares», ya que atiende una reivindicación histórica del archipiélago.
Inversiones en infraestructuras de seguridad
Finalmente, el delegado se ha referido a proyectos de infraestructuras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya ejecución se ha concretado para los próximos meses. Incluyen la nueva comisaría de Policía Nacional de Maó, con obras en el segundo trimestre de 2026, y el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santanyí, con una inversión de 7,7 millones de euros, declarado de interés público por el Ministerio del Interior. Estas iniciativas refuerzan el compromiso con la seguridad y los servicios públicos en las islas.