La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas ha advertido que se sumará a las movilizaciones convocadas a nivel estatal si el Congreso de los Diputados no aprueba el próximo 20 de febrero el real decreto que contempla la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social. La plataforma balear ha señalado que estas medidas decayeron el pasado 27 de enero tras los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya.
Aunque la organización de pensionistas reconoce que las medidas incluidas en el decreto son claramente insuficientes en muchos aspectos, subraya que anularlas constituye una agresión hacia las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas y vulnerables. La coordinadora ha calificado esta decisión como un ejemplo de clasismo y aporofobia, señalando que indica la dirección que tomarían las políticas sociales de estos partidos en caso de acceder al Gobierno.
Los tres grupos políticos que votaron en contra justificaron su rechazo con argumentos que la plataforma considera «un cúmulo de mentiras que insultan la inteligencia», como la reiterada referencia a la ocupación ilegal de viviendas.
Solidaridad con otros colectivos vulnerables
La Coordinadora Balear ha expresado que los pensionistas son gente solidaria y entienden que no es justo que únicamente se revaloricen las pensiones, dejando desprotegidos a otros colectivos que necesitan apoyo para vivir con dignidad. Por este motivo, la organización ha confirmado que si el 20 de febrero los tres partidos mencionados no rectifican su posición, se unirán a las movilizaciones acordadas por el Movimiento Pensionista Estatal.
Reivindicaciones adicionales al Gobierno central
Además de la protesta por el decreto rechazado, la coordinadora ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda las reivindicaciones de los pensionistas equiparando sus retribuciones con el salario mínimo interprofesional (SMI) y paliando la que consideran escandalosa brecha de género en las pensiones. Esta demanda forma parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) que la plataforma impulsa en Baleares y que ya ha superado sus primeros trámites en el Parlament.
y tampoco pagarn la ayuda de alquiler por 2024. por no hay fondo