La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este martes (09.25 horas) la vista previa del juicio contra dos mujeres acusadas de quedarse con 400.000 euros de la herencia de su tía que no les correspondían.
La Fiscalía solicita que cada una de ellas sea condenada a tres años y medio de prisión, al pago de sendas multas de 3.200 euros y a la devolución de la cantidad defraudada como supuestas autoras de un delito de estafa en concurso medial con otro de falsedad documental.
La tía de las acusadas, según expone el fiscal en su escrito de acusación, falleció el 1 de septiembre de 2019 y entre 1993 y 2015 otorgó un total de seis testamentos, en los cuales su voluntad era que la mitad de sus bienes fuesen para una entidad benéfica y que el resto se repartiera entre sus sobrinos y los ahijados de amigos.
En su último testamento instituyó como herederas a las dos acusadas, a cada una de las cuales le correspondió un 2,5% de los bienes de la fallecida. Poco después, contactó con su abogado y firmó un documento privado en el que legaba a una de ellas un solitario y a otra un reloj de sobremesa.
Pese a todo ello, en noviembre de 2010 la tía había concedido a las dos procesadas un poder general «amplísimo» para administrar y disponer de su beneficio, lo que se conoce como un poder de ruina.
Para hacerse con todo el patrimonio --dos viviendas y un aparcamiento en Madrid--, las dos acusadas aprovecharon que su tía había ingresado en una residencia para ir poco a poco desprendiéndose de las propiedades inmobiliarias, por las que obtuvieron 839.000 euros.
Aprovechando el poder de ruina, emplearon parte de este beneficio para suscribir un contrato de renta vitalicia con una prima única de 300.000 euros que les garantizaba una renta mensual de 195 euros y un capital de fallecimiento de 300.500 euros.
Poco después hicieron lo mismo otra vez, pero con una prima única de 100.000 euros, una renta mensual de 44 euros y un capital de fallecimiento de 100.500 euros.
De nuevo sin el consentimiento de su tía e imitando su firma, las acusadas suscribieron dos claúsulas de beneficiarios en caso de muerte que les convirtieron en las únicas beneficiarias de 400.000 euros de herencia, perjudicando a los otros nueve herederos.