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Costa defiende la ley Ómnibus para reducir burocracia y acelerar inversiones en Baleares

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa. | Foto: Isaac Buj

| Palma |

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido en el Parlament el proyecto de ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, una norma que permitirá «modernizar» la administración autonómica, reducir burocracia y agilizar inversiones e infraestructuras.

Costa ha señalado en el debate de la medida en el pleno del Parlament que esta ley refuerza la figura de los proyectos de especial interés estratégico y crea una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos para coordinar expedientes y evitar retrasos administrativos.

La norma no elimina garantías, sino «burocracia innecesaria», ha alegado Costa durante su intervención, en la que también ha reivindicado el cumplimiento del acuerdo presupuestario de 2025 alcanzado entre el PP y Vox, a la vez que ha asegurado que las enmiendas incorporadas al texto respetan las «líneas rojas» del Govern.

Entre las medidas incluidas en el proyecto de ley, ha destacado cambios en educación y función pública para facilitar la cobertura de plazas deficitarias; la exigencia de tres años de residencia legal para acceder a determinadas prestaciones de la renta social garantizada; y una moratoria para nuevos parques solares en suelo rústico hasta aprobar una nueva ordenación territorial.

Además, ha defendido medidas para agilizar licencias y trámites administrativos mediante entidades colaboradoras, reforzar infraestructuras hídricas, dar seguridad jurídica al sector del taxi frente a las VTC y endurecer las sanciones contra la oferta turística ilegal.

En materia de vivienda, el vicepresidente ha anunciado la tramitación preferente para viviendas protegidas, la ampliación de proyectos residenciales estratégicos hasta 2027 y nuevas posibilidades para construir vivienda pública en suelos urbanizables turísticos.

En cuanto a las medidas fiscales, ha mencionado aumentos de las ayudas fiscales por nacimiento y adopción, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en actos jurídicos documentados para jóvenes y colectivos vulnerables, así como incentivos para propietarios que congelen el precio del alquiler.

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