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El Pacte encuentra «contradictoria» la anulación del BIC del Teatro Pereyra

Pilar Costa estima que la decisión es atípica en el comportamiento del TSJB

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El Grup Progressista del Consell Insular mostró ayer su «sorpresa» porque el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) haya anulado la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) del Teatro Pereyra, resolviendo así un recurso presentado contra la institución insular. La portavoz del Pacto, Pilar Costa, expresó su extrañeza por este fallo porque el Tribunal «siempre se había inhibido en los recursos contra el Consell, ya que decía que las competencias eran del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo».

Precisamente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ya emitió el 13 de junio del 2003 una sentencia que daba la razón al Consell en un recurso presentado por la empresa Pitiusa de Desarrollo S.A., propietaria del teatro, contra la declaración de BIC. Sin embargo, el pasado día 26 el TSJB falló otra sentencia resolviendo el recurso de la empresa Matur S.L., también propietaria del teatro, pero anulando la declaración. Las razón aducida para ello fue que el informe preceptivo de la institución consultiva (en este caso, el Institut d'Estudis Eivissencs) no fue presentado cuando tocaba.

Ahora, señaló Costa, «nos encontramos con dos sentencias contradictorias y no sabemos si ha habido un cambio de criterio o un error; pero tampoco nos consta que haya motivos extrajudiciales para ello. Curiosamente, con Matur S.L es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia resuelve un recurso en primera instancia, cuando antes siempre se inhibía». Costa recordó que la declaración de BIC con categoría de monumento del Teatro Pereira se aprobó por unanimidad en el pleno del 22 de diciembre del 2000; y por eso, «no podemos estar de acuerdo con las alegaciones de las empresas propietarias de que no existen motivos suficientes para la declaración». Además, en la sentencia «se dice que los informes para la incoación del expediente de declaración fueron previos, pero se realizaron el 28 de julio cuatro meses después de la incoación que fue en abril».

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