Balears, nuevo milenio. Una década de progreso, grandes aumentos del PIB y creación de riqueza gracias a la construcción y el turismo. Y sin embargo, las finanzas de la administración pública muestran la cara más amarga de estos años de bonanza y posterior crisis. De 2003 a 2014 el gasto en intereses se ha multiplicado por cinco, mientras que las operaciones de capital (la inversión real) se ha reducido una tercera parte. Y a pesar de esto, no se está poniendo en peligro el Estado de bienestar, afirma Fedea.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, más conocida como Fedea, analiza en profundidad las finanzas autonómicas durante la última década. Y Balears no es de las comunidades peor situadas en estos momentos. La escalada del gasto que se registró de 2003 a 2009 llevó a un rápido deterioro de la situación financiera en el momento en que los ingresos minvaron con el inicio de la crisis. El resultado fue un incremento sustancial del gasto en intereses por la deuda acumulada, mientras que la inversión real se ha reducido una tercera parte en 2014 con respecto a 2003. Balears gasta hoy un 6,9% por habitante más que hace 10 años. Si esta partida total se divide, se puede apreciar que en gastos corrientes ha aumentado un 8,4%, un resultado que Fedea considera “positivo”. Cree que la baja inversión no ha comprometido hasta el momento la calidad de los equipamientos existentes, ya que el gasto corriente excluyendo los intereses aumenta y, en consecuencia, se ha mantenido constante la capacidad de gestión. Para la agrupación de economistas, los recortes en gasto no han “llegado al hueso” y añaden que las administraciones regionales han sido incapaces de mantener la calidad de los servicios fundamentales, pese a contar con recursos suficientes para ello.
El gasto en intereses es la partida que más aumenta, se multiplica por cinco. Se trata de una subida del 573%, casi el doble que la media estatal, resultado de un fuerte incremento de la deuda.
Y la peor parada, la inversión real, ha disminuido un 32,8%. La institución afirma que de no corregirse esta variable en un tiempo razonable, terminaría comprometiendo la calidad de los servicios públicos que tengan que prestar.
OTRAS COMUNIDADES. Balears no es, ni mucho menos, de las comunidades peor situadas. Sí que es de las que más ha incrementado el gasto en intereses, concretamente la tercera, después de Castilla La Mancha y Murcia. El incremento en gasto corriente se ha dado en todas las regiones, aunque las Islas son la quinta con menos incremento, por detrás de Valencia, Navarra, Castilla La Mancha y Madrid. País Vasco es donde más ha crecido el gasto corriente distinto de intereses desde 2003, con un incremento del 25,4%.
Y en inversión productiva, la partida más importante ya que engloba las infraestructuras, Balears es de las comunidades que más aguanta a pesar de la bajada. En 2014 invirtió el 67,2% respecto a la cantidad de 2003 o, lo que es lo mismo, en estos once años la inversión ha caído un 32,8%. Aun así, es la tercera región con una menor reducción. País Vasco lidera el gasto en operaciones de capital, puesto que mantiene el 90% del dinero que invertía en 2003. Y Valencia sigue gastando un 72,5%, es decir, ha reducido esta partida en un 27,5%. Por otra parte, las comunidades donde más ha disminuido el gasto en operaciones de capital han sido Madrid, que solo conserva un 27% de lo que invertía en 2003; Castilla La Mancha, que solo conserva un 27,7% del gasto; Murcia, con el 32,5%; Navarra, que gasta un 34,5% de la cantidad de 2003; y Cantabria, un 35,9%.
EL SISTEMA NO SE CAE. Con los datos que ofrece de gasto autonómico por persona, Fedea considera que aunque ha existido una austeridad presupuestaria debido a la crisis económica, no es cierto que los “recortes brutales” estén poniendo en peligro el núcleo del Estado de bienestar. Mantiene, al contrario, que no ha sido bueno que el gasto autonómico fuera tan procíclico, y añade que la correción del déficit de los últimos años se ha basado en una reducción de las partidas de inversión hasta niveles tan bajos que podrían ser “insuficientes para mantener la calidad de los servicios públicos”.