Recientemente hemos visto que la empresa que obtuvo mejor puntuación técnica en el concurso de las butacas del Palacio de Congresos de Palma lo perdió, entre otras cosas, por pedir solo un 0,57% más de precio en las mismas (Dynamobel ofreció 858.304 euros frente a los 863.456 de Ascender) o lo que es lo mismo, por 5.000 euros de diferencia.
Las administraciones públicas no lo ponen fácil a las pequeñas y medianas empresas, no solo teniendo en cuenta la cantidad de documentos y trámites que son necesarios para poder trabajar (ya sea para la petición de licencias, trámites con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, etc.) y la cantidad de tiempo que algunas veces se tarda en cobrar, sino también por la dificultar que se tiene a la hora de acceder a las licitaciones públicas.
Primero, porque la administración tiene unos baremos de puntuación en donde el factor precio en la mayoría de veces es determinante, sin tener en cuenta otros factores tan importantes como la calidad, innovación, seguridad, medioambiente, rapidez, eficiencia, etc., lo que hace que las empresas licitadoras y proveedores entren en una guerra de precios a la baja, hecho que lo que provoca es tener menos margen de beneficio y por tanto tener que recortar gastos, entre otros, los maltrechos salarios de los trabajadores. En un mercado donde priman productos y servicios baratos, las empresas más pequeñas no pueden competir. Otras veces la cantidad de requisitos, la cuantía de los avales y seguros, etc.. hace que directamente no sea viable presentarse.
Así pues, pienso que se debería crear un nuevo modelo de contratación que garantice la igualdad de condiciones para todas las empresas, independientemente de su tamaño y número de empleados, facilitando que la suma de recursos de micropymes, pymes y autónomos puedan competir con los mas grandes, ya sea conformando una UTE (unión temporal de empresas) o con cualquier otra forma jurídica.
Además de más equitativa, la contratación debería ser también más transparente, creando una comisión de vigilancia de la competencia, transparencia y legalidad de los procedimientos.