El domingo 26 los ciudadanos estamos nuevamente llamados a votar. Una cita trascendental, como todas las elecciones generales, pero lo novedoso es que por primera vez en la historia de nuestra democracia la consulta se repite tan solo seis meses después de que, tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, los partidos políticos no hayan sido capaces de lograr el entendimiento necesario en su inexcusable responsabilidad de dialogar y alcanzar acuerdos para garantizar la gobernabilidad y, sobre todo, la estabilidad que requiere nuestra economía.
El panorama político se mantiene abierto y todo apunta a que, con sus diferencias, estamos ante unas elecciones muy similares a las frustradas de diciembre, sin mayorías absolutas y, por tanto, serán necesarios los pactos.
La prosperidad de la economía y de nuestra sociedad precisa que tras el 26 de junio pueda conformarse un Gobierno que ofrezca estabilidad y seguridad jurídica porque estas son condiciones indispensables para generar confianza y atraer inversiones que son la base del crecimiento económico y la creación de empleo.
Los favorables ‘vientos de cola' actuales no serán eternos. Cierto es que los bajos tipos de interés, el reducido precio del petróleo, la ventajosa relación del euro con otras divisas –aunque la libra esterlina ya ha comenzado a devaluarse por el temor al brexit que se vota el día 23–, y el aumento de la demanda de nuestro sector turístico ante destinos competidores en horas bajas han impulsado nuestra economía y, si bien han paliado la situación, no se puede obviar que la incertidumbre de estos meses está teniendo un coste económico por el aplazamiento de decisiones empresariales fruto de la falta de solvencia política.
Por eso, tras el 26-J, los partidos políticos tienen la responsabilidad de dar al país la estabilidad que necesita la economía y, desde la CAEB, pedimos a las diferentes formaciones capacidad de diálogo y entendimiento para formar un Gobierno que apoye a las empresas porque las empresas somos las que creamos empleo.
Apoyar a las empresas significa apostar por la creación de riqueza para su redistribución en beneficio de toda la sociedad. La sinergia del esfuerzo público y privado es el camino del aumento de competitividad de nuestras empresas que, de esta forma, podrán invertir, innovar y contratar más. Solo con una mejora de estas condiciones los contratos podrán ser más estables y de mayor calidad y la aportación de las empresas a los ingresos públicos será mayor vía incremento de la actividad sin ser necesario aumentar los impuestos ni crear otros nuevos.
Es hora de entenderse para que no solo logremos mejorar la economía sino para que el conjunto de la sociedad tenga una percepción más positiva que la actual al constatar que aumenta su renta per cápita y bienestar.