La principal garantía de estabilidad y crecimiento económico es la seguridad jurídica, que atrae inversión productiva y genera bienestar. Sin embargo, la proliferación de normativa que se tramita en Balears en los últimos meses no siempre cuenta con el consenso empresarial y político que garantizaría dicha estabilidad. Desde CAEB apoyamos los objetivos de crecimiento sostenible aunque nos preocupa el exceso de regulación. Declarar la guerra a las terrazas, impedir más amarres, restringir los fondeos, prohibir el coche diésel, limitar el alquiler turístico, obligar a instalar placas fotovoltaicas –sin saber siquiera si se puede autogenerar energía–, implantar un sistema de residuos distinto en cada isla –que elevaría los precios de productos de primera necesidad perjudicando el bolsillo de los ciudadanos–, puede traer un resultado contrario al esperado.
Otra ley pretende permitir al Govern enajenar viviendas para alquiler social como si se pudieran requisar abrigos a los comercios los días que hace frío. Estas viviendas, como los abrigos, son stocks de existencias. Por el contrario, se desiste de facilitar VPO y se retiran todas las ayudas a la compra. Además, se eterniza la tramitación del suelo disponible y se demora injustificadamente la concesión de licencias –diez meses, un año–, lo que sobrecalienta el mercado con precios altos para el alquiler perjudicando a los ciudadanos con rentas medias y bajas.
Limitar el alquiler turístico no ha traído más viviendas disponibles ni precios más bajos, como demuestran los últimos datos. Otros destinos apoyan a su turismo mientras aquí se implanta la ecotasa y se duplica en un año, además de lanzar mensajes negativos en contra de nuestro sector turístico, motor económico y principal fuente de empleo. Enfriar la economía no es la solución para mejorar el bienestar de los ciudadanos de nuestras islas.
Balears es la comunidad que más ingresa por sucesiones y donaciones, también por patrimonio –la segunda tasa más elevada del país–, tenemos uno de los IRPF más altos de España para las rentas medias y bajas, a los que hay que añadir el canon de saneamiento, la ecotasa y otros impuestos y tasas especiales. Es imprescindible mejorar la financiación de Balears, sí, pero el aumento de los ingresos públicos del presupuesto de la Comunidad para este año –un 12,6%– da suficiente margen para desplegar una política de inversiones productivas, lo que favorecería la competencia y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión privada.
El exceso de regulación perjudica la cuenta de resultados de las empresas y puede poner en riesgo el crecimiento económico y la generación de ocupación estable y de calidad. Las inversiones empresariales son imprescindibles para crear empleo y bienestar. Necesitamos medidas en positivo, y si no ¿por qué no prohibimos las medusas? En esto sí que estaríamos todos de acuerdo.