Imagino que, a estas alturas, no hace falta explicar a nadie que tenemos un problema con los precios de la luz en España, los quinto más caros de Europa. Los motivos: el disparatado incremento del precio del gas en los mercados internacionales; el incremento de la cotización de los derechos de emisión de CO2 y, sobre todo, el mal diseño de un mercado marginalista que determina la misma retribución para los diferentes generadores eólicos, hidroeléctricos, fotovoltaicos y de gas, provocando que sea la energía más cara la que determina el precio de todas.
¿Qué podemos hacer al respecto como consumidores? Lo que debemos hacer es desarrollar soluciones centradas por y para el consumidor. Como la creación de nuevos modelos de producción, gestión y consumo de fuentes de energía renovable, que permitan compartir la energía de una instalación de autoconsumo entre diferentes consumidores participantes sin intermediarios y, que estas, vayan evolucionando según sus necesidades y sus formas de consumir.
Me refiero a modelos como las comunidades energéticas. Son proyectos abiertos, voluntarios y autónomos para producir energía a través de proyectos de autoconsumo compartido (por ejemplo, con paneles fotovoltaicos) para poder cubrir parte de sus necesidades energéticas.
Una comunidad energética puede estar formada por los vecinos de un bloque de viviendas, por los negocios de un barrio, por las empresas de un polígono o por cooperativas de distintos sectores (eléctricas, agroalimentarias…).
Estas comunidades, reguladas por el Gobierno desde junio de 2020, están jugando un papel protagonista en la transición energética, en la democratización del sistema energético, en los planes de descarbonización y, lo más importante, en la bajada del recibo de la luz.
En ellas las decisiones se toman por consenso y todos los miembros tienen el mismo peso. Es un modelo donde los activos son del consumidor donde, como en las cooperativas, básicamente, están centrados en los beneficios sociales, económicos y medioambientales. Se caracterizan por ofrecer un trato personalizado y asesoramiento adecuado a las necesidades de las personas socias. Los beneficios que generan son destinados principalmente a fines sociales, benéficos y a la formación.
Si queremos que la energía provenga de fuentes renovables, locales, distribuidas y que el 100% de los consumidores tenga acceso a ella de forma barata, debemos colectivizar la producción. Y para ello, debemos facilitar el proceso mediante el fomento del cooperativismo, de las subvenciones, de las ayudas a la financiación o la reducción de tasas, además de cambios normativos que ayuden a minimizar los trámites.