El movimiento social que vemos estos días en las Islas Canarias, bajo el lema «Canarias tiene un límite» surge «como reacción a un modelo turístico que consideran agotado». A pesar de que desde algunos medios sensacionalistas se han querido vincular las manifestaciones del pasado fin de semana con una ola de «turismofobia», los propios convocantes declaran no estar en contra del turismo, sino del crecimiento ilimitado y del turismo «irresponsable», y reclaman una «moratoria turística» y una «ecotasa».
El malestar ha surgido coincidiendo con una temporada de alta demanda hacia las Islas Canarias, resultado de la creciente afición a viajar, unida a los múltiples atractivos y valores del archipiélago, sumados a la inseguridad en Oriente Medio, que, tristemente (pues una situación así es siempre indeseable) ha «trasladado» demanda desde otros destinos vacacionales a un destino seguro como España. Este «pico» de demanda ha evidenciado también las tensiones que afectan actualmente a los principales destinos turísticos del mundo: la escasez de talento cualificado para trabajar en la industria, la creciente dificultad y coste que representa encontrar una vivienda, incluso para la población residente, y los momentos y periodos de saturación puntual en los destinos.
Los manifestantes no piden eliminar el turismo, que reconocen ha traído y traerá muchos beneficios a las islas y a sus habitantes, sino abordar cambios en el modelo turístico, y esto es precisamente lo que desde el sector, numerosas voces, con el Exceltur a la cabeza, venimos reclamando desde hace años. Porque nuestro turismo se enfrenta a muchos y grandes retos si quiere seguir siendo exitoso, competitivo, y sostenible, y el primero de esos retos es el de apostar por un modelo basado en la calidad, en lugar de la cantidad. Es evidente que la situación se ha agravado últimamente en muchos destinos, no por el incremento de unas plazas hoteleras que apenas han crecido desde hace décadas, sino por la irrupción descontrolada de las plataformas de alquiler vacacional, que además de sobrecargar los recursos han producido otros efectos adversos, sin reportar por otra parte demasiados beneficios a la sociedad en términos de redistribución de riqueza y empleo.
Respecto al dimensionamiento de la oferta y las moratorias, es evidente que no hay que «seguir creciendo por crecer», pero personalmente no creo en medidas restrictivas como las moratorias, sino en ordenar bien lo que ya tenemos, incentivar la mejora y reposicionamiento de los establecimientos, (como logramos en Balears con la Ley General de Turismo del año 2012), y por supuesto, en combatir la oferta ilegal de plazas de cualquier tipo. Si seguimos trabajando en mejorar la calidad y la segmentación de nuestros mercados y clientes, invirtiendo en sostenibilidad y en desestacionalizar, conseguiremos minimizar los impactos negativos en los destinos, una mayor estabilidad laboral, y una mayor empatía y reconocimiento social para el turismo, previniendo el germen de la odiosa turismofobia.
Es el momento de consolidar y mejorar lo que ya tenemos, no de frenar «por decreto» la llegada de visitantes, ni de lanzar mensajes hostiles a los mercados emisores que nos eligen y han confiado en nuestros destinos durante décadas.