Durante los últimos años, la economía balear —como la del conjunto de España— ha recibido el impulso complementario de los fondos europeos extraordinarios, aunque una parte relevante probablemente no llegue a ejecutarse plenamente. Los gobiernos europeos aprendieron con la crisis de 2008 que podían caer si iniciaban procesos reformistas cuyos resultados necesitaban más tiempo que el del ciclo electoral. Así, con la nueva crisis de 2020, esos mismos gobiernos se aseguraron contar con fondos suficientes para impulsar inversión pública, demanda de bienes y servicios privados, proyectos y empleo, etc.
Pero este estímulo tiene fecha de caducidad. El horizonte comunitario, –si no se acuerdan prórrogas–, fija 2026 como límite de ejecución, obligando a concentrar inversiones en un plazo relativamente breve. Y ello plantea una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá después? El impacto de estos fondos, poco o mucho, se ha dejado sentir. Rehabilitación energética, digitalización y transición ecológica han movilizado constructoras, consultoras, ingenierías, tecnológicas y también algunas pymes. Así, parte del empleo generado en los últimos ejercicios ha dependido, directa o indirectamente, de ese ciclo inversor no-ordinario.
Precisamente por ello, su retirada puede provocar una desaceleración suficientemente perceptible. Las empresas que han adaptado parte de su actividad a esa demanda pública, y podrían enfrentarse a una reducción de pedidos. Lo mismo puede ocurrir con muchos de los trabajadores vinculados a los proyectos correspondientes. Desde una perspectiva macroeconómica, el riesgo característico de este tipo de políticas es conocido: tras varios años de «acelerón» impulsado por el gasto público extraordinario, suele llegar una fase de desaceleración, con posibles efectos económicos y políticos.
Pues bien, el debate no afecta únicamente al «después», sino también al «cómo». La presión por ejecutar los fondos en plazos breves ha introducido el incentivo indudable de gastar rápido. Y cuando el calendario se convierte en prioridad, surge la duda de cuántas inversiones habrían superado un análisis más pausado y exigente en condiciones normales. A ello se añade una cuestión frecuentemente olvidada: estos recursos ni son gratuitos ni salen de la nada. Proceden del esfuerzo presente o futuro de todos los contribuyentes europeos, vía impuestos, deuda e inflación. Y aunque formalmente debían destinarse a inversión y transformación económica, se ha sabido que, incluso parte del margen financiero ha terminado utilizándose para aliviar gasto corriente del Estado, como ha sido el caso del creciente coste del sistema público de pensiones.
Por todo ello, los gobiernos que se enfrentan al final del dinero abundante pueden tener la tentación no sólo de intentar prorrogar los plazos, sino incluso presionar para crear nuevos fondos con cualquier excusa, ya sea el aumento del gasto militar o cualquier otra.