La Audiencia Nacional ha anulado el expediente fiscal contra Shakira tras ocho años de litigio y obliga al Estado a devolver alrededor de 60 millones de euros entre liquidaciones, avales e intereses. El tribunal concluye que no pudo acreditarse que la cantante fuese residente fiscal en España durante 2011. Pero el impacto del caso va más allá de Shakira. La señal que percibe parte del mercado internacional es que en España un contribuyente puede pasar casi una década defendiéndose de Hacienda hasta que un tribunal le dé la razón. Aunque ganes, el coste ya existe: tiempo, desgaste, exposición pública, honorarios legales y años de incertidumbre.
El contexto es especialmente sensible porque empiezan a aumentar las fricciones con contribuyentes acogidos a la conocida «Ley Beckham»: directivos, emprendedores y profesionales desplazados a España se están encontrando con inspecciones complejas sobre los requisitos del régimen especial.
El problema no es únicamente cuánto se paga. El problema es la dificultad para anticipar qué criterio aplicará Hacienda varios años después. Para determinados perfiles internacionales, la previsibilidad jurídica pesa tanto como el tipo impositivo. El contribuyente internacional de alto valor no elige un destino solo por impuestos. Busca estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y reglas relativamente previsibles. En Europa, el atractivo fiscal ya no depende únicamente de tributar menos, sino de entender con claridad cuáles son las reglas y cómo se aplican.
Ahí Balears entra en una posición delicada. Las islas compiten por atraer perfiles con capacidad de inversión y gasto estable: empresarios europeos, fundadores tecnológicos, profesionales remotos, jubilados extranjeros o patrimonios internacionales que pueden elegir entre Palma, Lisboa, Milán o Dubái con bastante facilidad. Balears también vive atrapada entre dos riesgos: el primero es atraer más residentes, pero sin capacidad de absorber sus efectos sobre vivienda, precios y presión social; el segundo es proyectar suficiente inseguridad fiscal y regulatoria como para que esos ciudadanos elijan otros destinos. Si eso ocurre, el resultado difícilmente será neutro: menos residentes estables con capacidad inversora, menos capital de largo plazo y una economía todavía más dependiente del turismo de bajo margen. Y, como suele ocurrir, la presión fiscal tenderá a desplazarse hacia bases menos móviles: autónomos, pymes y clases medias locales.