Aunque la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas, muchas de las decisiones que condicionan el funcionamiento del sistema siguen tomándose desde el Estado, donde se aprueban normas, se fijan criterios y se impulsan reformas bajo premisas vinculadas a la equidad, los derechos y la mejora de la asistencia sanitaria. Son planteamientos que, a priori, parece que van a generar consenso y aceptación. Pero la realidad aparece después, cuando todas esas decisiones deben aplicarse en el funcionamiento diario del sistema sanitario, una responsabilidad que recae directamente sobre las comunidades autónomas.
Son ellas quienes gestionan hospitales, centros de salud, dotación de profesionales, infraestructuras, demanda asistencial, listas de espera, presupuestos, etc. Y esas decisiones no afectan únicamente a la red pública, también inciden en la sanidad de titularidad privada, que forma parte del sistema, complementa capacidades asistenciales y comparte un mismo mercado de profesionales, especialmente tensionado en territorios como Balears.
Es una evidencia difícilmente discutible que no es lo mismo gestionar la sanidad en una región peninsular o en una gran área metropolitana, que hacerlo en un territorio insular con fuerte presión turística, población flotante, elevado coste de vida y dificultades estructurales para captar profesionales. Por eso preocupa que determinadas decisiones estatales, sustentadas en una visión uniforme del sistema y poco sensible a las realidades territoriales, apliquen soluciones idénticas a situaciones profundamente distintas. De ahí que reivindique la importancia de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud funcione como un verdadero espacio de coordinación y consenso, y no como un escenario de confrontación.
Dos iniciativas recientes ilustran bien esta situación. La primera es la ley de ratios impulsada mediante una iniciativa legislativa popular. Su espíritu puede ser legítimo, pero su planteamiento y aplicación, sin conocer con precisión la realidad asistencial de cada territorio ni la disponibilidad efectiva de profesionales, pueden generar rigideces, sobrecostes y una eficacia discutible que ponga en jaque a todo un sistema.
La segunda es el proyecto de ley de gestión directa aprobado por el Consejo de ministros el pasado 12 de mayo. La norma plantea la gestión pública directa como fórmula preferente y limita la colaboración público-privada a supuestos excepcionales que deberán justificarse específicamente. Esto supone un cambio relevante, porque deja de considerar esa colaboración como una herramienta ordinaria de apoyo al sistema para convertirla prácticamente en una solución subsidiaria que dificultará la gestión de la administración sanitaria autonómica.
El sistema de salud no puede gobernarse desde planteamientos alejados de la realidad diaria de cada comunidad autónoma y de quienes gestionan el sistema sobre el terreno. Mantener su calidad y sostenibilidad exige planificación, financiación suficiente y un conocimiento real de cómo funciona la asistencia sanitaria. Las reformas no deberían responder a posiciones ideológicas cerradas, sino a un análisis serio de las necesidades y particularidades de cada territorio. Ignorar esa realidad no fortalece el sistema; al contrario, puede limitar su capacidad de respuesta.