La Comisión Europea recomienda a España suprimir el IVA reducido del 10% que pagan los hoteles y los restaurantes para aplicar el tipo general del 21%. Bruselas busca aumentar la recaudación pública en unos 7.000 millones de euros para reducir el déficit del Estado. El argumento técnico dice que los tipos reducidos benefician a las rentas altas y a los visitantes extranjeros, por lo que la CE prefiere un sistema lineal sin excepciones fiscales. Esta visión fiscal no toma en cuenta la práctica habitual en la Unión Europea. España mantiene una posición equilibrada frente a su entorno directo. Francia e Italia gravan el alojamiento y la restauración con ese mismo 10%. Portugal y Grecia fijan el impuesto en el 13%. Malta desciende hasta el 7%. Si el Gobierno español asume la directriz de Bruselas, el país se transformará en el destino con mayor presión fiscal turística del arco mediterráneo.
Las patronales hoteleras y hosteleras se oponen a la medida. Un incremento de once puntos en los impuestos se trasladaría al precio que abona el cliente. El destino español compite en un entorno global donde el precio determina la elección de las familias de clase media. Subir el IVA frenaría el consumo, reduciría las pernoctaciones y destruiría puestos de trabajo. La propuesta del gobierno de subirlo para los pisos turísticos resuelve en parte ese problema y obtiene el apoyo de los empresarios hoteleros.
Por otra parte, los colectivos que advierten del exceso de turismo en ciertos lugares y épocas del año tampoco son partidarios de esta subida. El IVA es un impuesto de implantación nacional y afecta por igual a todo el territorio, sin distinguir entre zonas saturadas o municipios que necesitan más turismo. Prefieren las tasas turísticas locales, que se aplican donde resulte conveniente a nivel municipal y durante los meses de máxima afluencia.
Las tasas locales, a partir de cierto nivel, tienen un efecto disuasorio en los destinos fácilmente substituibles . Debe ser finalistas para que los ingresos financien servicios públicos . De este modo se evita que las externalidades negativas provocadas por el exceso de turismo tengan un coste superior a los ingresos que se obtienen de turistas innecesarios , pero para ello es preciso que las áreas saturadas funcionen por debajo de su capacidad total. Tenemos que entender todos que el debate no debe ser puramente recaudatorio, sino de gestión eficiente del territorio.