Cada vez que hablo con empresarios aparece la misma queja: existen cada vez más obligaciones administrativas que generan una carga importante para las empresas. Licencias, subvenciones, registros, inspecciones, auditorías, prevención de riesgos, protección de datos o requisitos ambientales. La lista parece no tener fin.
Ya sé que el título de este artículo parece un oxímoron, pero ¿es realmente la burocracia el problema? La respuesta probablemente sea más compleja de lo que puede parecer a simple vista. Muchas de las obligaciones que se deben cumplir nacieron para resolver problemas reales, no para entorpecer a las empresas. La prevención de riesgos laborales busca reducir accidentes. La protección de datos protege la privacidad de las personas. Los requisitos ambientales pretenden minimizar los impactos sobre el entorno. Las normas de calidad ayudan a garantizar productos y servicios más fiables. Incluso las exigencias asociadas a las subvenciones persiguen asegurar que el dinero público se utiliza correctamente y llega a quienes más lo necesitan. Desde esta perspectiva, pocas empresas discutirían la utilidad de estos objetivos.
El problema aparece cuando una pyme de diez, veinte o cincuenta trabajadores debe gestionar simultáneamente todas estas obligaciones mientras intenta vender, producir, atender clientes, pagar nóminas y mantener la actividad diaria. La realidad empresarial de Balears está formada mayoritariamente por autónomos y pequeñas y medianas empresas. Organizaciones que no disponen de departamentos jurídicos, de sostenibilidad, de calidad o de innovación. En muchos casos, el gerente sigue siendo quien negocia con clientes por la mañana, revisa facturas al mediodía y resuelve incidencias por la tarde.
Y es precisamente aquí donde surge una figura cada vez más relevante: la consultoría especializada. Por eso, quizás el debate no debería centrarse en si existe demasiada burocracia o demasiadas obligaciones; el verdadero reto consiste en conseguir que las empresas dispongan del apoyo necesario para gestionarlas sin perder energía en tareas que las alejan de su actividad principal. Las empresas necesitan dedicar su talento a innovar, vender, producir y crear empleo. Y para ello resulta cada vez más importante rodearse de profesionales capaces de traducir la complejidad normativa en soluciones prácticas.