Durante años, el aeropuerto ha sido una de las principales puertas de entrada a Eivissa y, por extensión a Formentera, y un elemento estratégico para su economía. Sin embargo, el anuncio de una inversión de 230 millones de euros por parte de Aena para remodelar la terminal, dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), abrió un intenso debate sobre el modelo de crecimiento de la isla. La posibilidad de que la actuación implicara un incremento de la capacidad operativa despertó inquietud entre las administraciones, el tejido empresarial y diferentes colectivos sociales, en un momento en el que las políticas públicas apuestan por contener la presión turística y priorizar la calidad frente a la cantidad.
Las dudas comenzaron a disiparse este mes de julio tras la reunión celebrada en la sede del Consell d’Eivissa entre responsables de Aena, representantes del Govern balear, ayuntamientos, patronales, sindicatos y entidades sociales. El encuentro permitió conocer con detalle el alcance de la actuación prevista y, sobre todo, abrió una vía de diálogo que tanto las instituciones como el gestor aeroportuario consideran imprescindible para desarrollar un proyecto consensuado. El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, fue uno de los principales impulsores de ese encuentro. Desde el primer momento insistió en que la isla no se opone a la modernización de unas instalaciones que necesitan adaptarse a las nuevas exigencias europeas, pero sí rechazó cualquier actuación que pueda traducirse en una mayor saturación del territorio. Durante la reunión resumió esa posición con una frase que ha marcado el debate: «Es importante que Aena sea consciente de que Eivissa no quiere una isla saturada».
Vicent Marí reconoció que la falta de información había alimentado la preocupación social y explicó que las aclaraciones técnicas permitieron despejar buena parte de las incertidumbres. A su juicio, el verdadero reto consiste en compatibilizar la mejora de la principal infraestructura de acceso a la isla con un modelo turístico más equilibrado. Por ello defendió que la actuación no debe limitarse al edificio terminal, sino contemplar también los accesos, la movilidad y el transporte terrestre para evitar que una mejor experiencia dentro del aeropuerto se convierta en nuevos problemas de tráfico en el exterior.
Las explicaciones ofrecidas por el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, fueron decisivas para rebajar la tensión. El directivo aseguró que la inversión responde exclusivamente a la necesidad de adaptar el aeropuerto a la evolución de la normativa europea en materia de seguridad, accesibilidad y control de fronteras, además de recuperar unos estándares de calidad que se han visto afectados por la congestión de determinados espacios. En este sentido, Marín fue especialmente contundente al descartar un incremento de la operatividad. «No hacemos ninguna actuación en el campo de vuelo», afirmó durante la reunión, recordando que el número de aterrizajes y despegues seguirá siendo el mismo porque el proyecto no modifica las pistas ni las plataformas donde operan las aeronaves. Según explicó, todas las actuaciones se desarrollarán en el interior de la terminal.
La reforma contempla ampliar las superficies destinadas a los controles de seguridad, implantar nuevos equipos automatizados que agilizarán la inspección de equipajes, reorganizar los controles de pasaportes para separar los flujos Schengen y extracomunitarios, incorporar nuevas pasarelas de embarque y crear espacios más amplios para pasajeros, trabajadores y compañías aéreas. También prevé mejorar la accesibilidad mediante nuevos ascensores, rampas y dependencias adaptadas, entre otros detalles. Desde Aena insisten en que estas actuaciones son consecuencia de los cambios normativos registrados desde la última gran ampliación, ejecutada entre 2008 y 2013. El Brexit, la implantación de nuevos controles fronterizos y el aumento de las exigencias de seguridad han reducido progresivamente el espacio útil disponible para los viajeros, generando situaciones de congestión que afectan a la calidad del servicio, según defiende Aena.
El gestor aeroportuario sostiene además que el incremento del número anual de pasajeros registrado en los últimos años no implica necesariamente una mayor presión turística sobre la isla. Así, Javier Marín recordó que la estancia media de los visitantes se ha reducido y que eso provoca un mayor movimiento de viajeros con un volumen de plazas turísticas similar. «Aena facilita una demanda que viene determinada por el territorio», defendió.
Por su parte, el conseller balear de Turisme, Jaume Bauzà, también salió del encuentro con una valoración positiva. Consideró que la reunión era necesaria para recuperar la confianza entre las instituciones y Aena y destacó que las explicaciones técnicas confirmaban que la actuación «va encaminada a mejorar la comodidad dentro de la terminal» y no a aumentar la capacidad del aeropuerto. Bauzà insistió en que todas las inversiones estratégicas deben ser compatibles con las políticas de contención turística impulsadas por el Govern, el Consell y los ayuntamientos. En este sentido, recordó que la lucha contra la oferta turística ilegal y la reducción de la presión humana forman parte de una misma estrategia orientada a preservar la competitividad de Eivissa sin comprometer sus recursos naturales ni la calidad de vida de los residentes.
PATRONALES.
Las explicaciones también convencieron a buena parte del tejido empresarial. Desde la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, su secretario, Pedro Matutes, calificó de «impecables» las explicaciones de Javier Marín y expresó el respaldo del sector a una reforma centrada en mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios. El representante hotelero recordó que «a nosotros tampoco nos interesa un destino saturado» y subrayó que el crecimiento turístico encuentra actualmente un límite en el número de plazas regladas disponibles.
La patronal hotelera considera que la modernización puede incluso contribuir a mejorar la distribución de la demanda si favorece un ligero incremento de pasajeros durante la temporada baja, un objetivo perseguido desde hace años tanto por el sector como por las administraciones. No obstante, Matutes recordó que cualquier crecimiento debe producirse dentro de los límites que marca la capacidad de alojamiento existente y advirtió de que el verdadero riesgo continúa siendo la oferta turística ilegal, cuya reducción considera esencial para consolidar un modelo más sostenible.
También la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef) valoró favorablemente el encuentro. Su presidente, Alfonso Rojo, reconoció que las explicaciones técnicas permitieron aclarar muchas de las dudas surgidas en los últimos meses y defendió la necesidad de disponer de unas instalaciones acordes con el volumen de tráfico que registra la isla. «No necesitamos un megaaeropuerto para 10 millones de pasajeros», afirmó sino unas infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades reales del territorio.
Rojo aprovechó además para poner el foco sobre uno de los aspectos que más preocupa al tejido empresarial: la movilidad en el entorno del aeropuerto. A su juicio, la remodelación de la terminal debe ir acompañada de actuaciones sobre los accesos, los aparcamientos y la circulación interior para resolver los problemas que se producen durante los meses de mayor actividad. En ese objetivo reclamó una mayor coordinación entre Aena y las distintas administraciones competentes.
Los sindicatos compartieron en gran medida esa valoración. El representante de UGT, Diego Ruiz, admitió que antes de la reunión existía el temor de que la ampliación sirviera para incrementar la llegada de visitantes durante el verano. Sin embargo, tras escuchar las explicaciones de los responsables de Aena concluyó que se trata «más de una mejora técnica y de confort del espacio aeroportuario» que de una ampliación de la operatividad. Al igual que empresarios y transportistas, reclamó actuaciones sobre los accesos para que la mejora de la terminal tenga continuidad fuera del edificio. Los representantes del sector del taxi también respaldaron la necesidad de adaptar las instalaciones a la normativa europea, aunque reclamaron participar en futuras reuniones técnicas para abordar cuestiones que afectan directamente a su actividad diaria, como la reorganización de los espacios exteriores, la convivencia con autobuses y vehículos de alquiler o la fluidez de los accesos.
DISCORDANCIAS.
No obstante, el consenso alcanzado tras el encuentro institucional no ha eliminado todas las voces críticas. IbizaPreservation considera que una terminal más amplia y confortable puede acabar favoreciendo un aumento de la presión humana sobre la isla, además de incrementar las emisiones asociadas al transporte aéreo y el consumo de recursos como el agua o la energía. Aunque reconoce la necesidad de adaptar la infraestructura a las exigencias europeas, la entidad reclama que cualquier decisión incorpore criterios de sostenibilidad ambiental y de capacidad de carga.
Una posición todavía más crítica mantiene la Demarcación de Eivissa y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB). El colectivo entiende que una intervención de esta magnitud puede consolidar un modelo de crecimiento incompatible con los límites físicos de la isla. Su presidente, Lluís Oliva, lamentó no haber sido invitado a las reuniones con Aena y resumió su postura con una reflexión: «Una cosa es modernizar una terminal y otra construir una infraestructura para un modelo de crecimiento que Eivissa no puede sostener», sentenció. Los arquitectos reclaman que cualquier actuación esté condicionada por un estudio independiente de capacidad de carga territorial y ambiental. También defienden priorizar la optimización de los espacios existentes antes de acometer ampliaciones y consideran imprescindible incorporar la visión de técnicos especializados en urbanismo, territorio y sostenibilidad al proceso de elaboración del proyecto.