La Fiscalía de Sudáfrica anunció ayer la retirada, por ahora, de los cargos de asesinato contra 270 mineros por la masacre de 34 de sus compañeros por disparos de la policía durante la huelga en la mina sudafricana de platino de Lonmin, en Marikana.
El director nacional de la Fiscalía, Nomgcobo Jiba, afirmó que los cargos de asesinato sólo serían presentados una vez que haya avanzado la investigación de los hechos.
«La decisión sobre los cargos sólo será tomada una vez concluya la investigación», afirmó Jiba, que defendió no obstante la labor de los fiscales, que actuaron en base a las leyes sudafricanas.
Los fiscales sudafricanos afirmaron que aguardarán también a ver el resultado de la comisión judicial de investigación, puesta en marcha por el Gobierno para esclarecer los hechos de la matanza.
Los 270 trabajadores serán puestos en libertad bajo fianza el jueves, cuando se reanuda la vista sobre el caso, añadió la Fiscalía.
Los mineros detenidos en la huelga en la mina de Marikana fueron acusados de asesinato el viernes por la masacre de sus compañeros por una ley del apartheid, el régimen racista impuesto por la minoría blanca sudafricana hasta 1994, que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por las muertes que se produzcan en ella.
La decisión del ministerio fiscal causó un gran estupor en Sudáfrica por la aplicación de la doctrina del ‘propósito común', que durante el apartheid se empleó para perseguir y detener sistemáticamente a los ciudadanos que se enfrentaban al Gobierno por la democracia y la igualdad racial en el país.
La acusación llevó incluso al ministro de Justicia de Sudáfrica, Joseph Radebe, a pedir explicaciones a la Fiscalía sobre el fundamento de los cargos.
En una carta remitida al Gobierno sudafricano, los abogados de los 270 detenidos reclamaron la intervención del presidente sudafricano, Jacob Zuma, y la puesta en libertad inmediata de los acusados.
«Si Zuma no actúa, iremos a los juzgados para obtener una orden urgente que le obligue a ello», amenazaron los abogados de los mineros.
En un comunicado, el presidente Zuma aseguró que no interferiría en el desarrollo del juicio, e insistió en la independencia de los tribunales y el ministerio fiscal.
Un total de 259 mineros fueron arrestados después de que la policía abriera fuego el pasado 16 de agosto contra un grupo de huelguistas, que iban armados con machetes, palos y armas de fuego, según el Gobierno.