El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha comparecido públicamente tras la declaración del estado de alarma por el cierre del espacio aéreo al considerar que sus primeras explicaciones debían ofrecerse ante el Parlamento, donde acudirá este jueves, y defiende el reparto de papeles decidido en el seno del Ejecutivo para responder a la crisis desatada por el 'plante' de los controladores aéreos.
En declaraciones en el Congreso, Zapatero ha recordado que la declaración del estado de alarma está recogido en la Constitución en el capítulo de relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, ya que es un supuesto en el que el Poder Ejecutivo tiene más facultades que en periodo ordinario,
Dada esa vinculación «muy significativa», Zapatero ha considerado que su primera comparecencia debía hacerse en la sede de la soberanía, dejando que estos días ofreciesen explicaciones el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Fomento, José Blanco, fundamentalmente.
«En una situación de esta naturaleza, creo que el Parlamento ha de ser quien tenga la información exhaustiva y en el menor tiempo posible», enfatizó.
Además, quiso dejar claro que esa decisión sobre quién informa forma parte de todas las medidas adoptadas y defendió su eficacia en la medida de que se puso fin al plante de los controladores. «La decisión y cómo el gobierno informa ha dado los resultados buscados y esperados, que era restituir la normalidad en menos de 24 horas --ha señalado--. El proceso de toma de decisiones ha sido acertado».
Capacidad de reacción demostrada
Por otro lado, Zapatero ha reiterado que en principio el estado de alarma se ha declarado para 15 días y que, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, tomará la decisión oportuna sobre si se prorroga o no.
Eso sí, ha recalcado que lo decidirá teniendo en cuenta la opinión de grupos políticos, ante los que se presentará el jueves en el Pleno del Congreso.
En cualquier caso, se mostró convencido de que el Gobierno ha demostrado que tiene función constitucional para prever cualquier circunstancia y que, si se volviera a producir situaciones de esta naturaleza, que confía no vuelva a repetirse, el Ejecutivo tendría «más capacidad de reacción».