El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, expresó ayer su «profundo rechazo» hacia la imagen del expreso de ETA Ander Errandonea Arruti, quien enarboló una pancarta de Bildu tras salir de la prisión de Herrera de la Mancha, y apuntó su convencimiento de que la Abogacía del Estado analizará su actitud.
En cualquier caso, el dirigente socialista dejó claro que la posición del PSOE respecto a Bildu ha sido siempre «muy clara», esto es, la impugnación de todas sus listas, promovida por el Gobierno y con la que estaba plenamente de acuerdo el PP.
Recordó el portavoz socialista que el Tribunal Supremo dio la razón a la impugnación, aunque después el Constitucional no lo hizo, de manera que reiteró la posición del PSOE de respeto a todas las decisiones de los tribunales. «Lo que corresponde en democracia. El verbo es acatar, guste o no guste», remarcó.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que demuestre su voluntad de aplicar la ley e impida que Bildu esté en las elecciones después de ver la imagen del expreso de Errandonea.
Sáenz de Santamaría emplazó a Rubalcaba a utilizar todos los instrumentos que prevé la ley electoral para impedir que «los terroristas» accedan a las instituciones. A su juicio, la foto deja claro la conexión entre la coalición abertzale y ETA: «Aparece la palabra Bildu, la palabra ETA y la sostiene (la pancarta) un terrorista que le está haciendo la campaña». Cree, por tanto, que «no hace falta ser muy inteligente para saber lo que hay ahí», subrayó la dirigente del PP.
«Una prueba más»
El Congreso, añadió, le ha dado a Rubalcaba «más instrumentos que a ningún ministro del Interior» para evitar que los terroristas vuelvan «a colarse» en las instituciones, señaló.
Insistió, por tanto, en que, a la vista de esa foto y del informe de la Guardia Civil que «no fue tenido en cuenta por el Tribunal Constitucional», el ministro tiene que recurrir a los mecanismos legislativos que tiene a su disposición para impedir la participación de Bildu en los comicios del día 22.
La última reforma de la ley, aprobada en enero, amplía el plazo que tienen la Abogacía y el Ministerio Fiscal para poder recurrir ante el Tribunal Supremo las listas sospechosas de estar vinculadas con ETA, lo que permitirá anularlas hasta una semana antes de las elecciones.