El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer por ser «absolutamente infundada» la acusación hecha el pasado día 2 por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuando dijo que el órgano de gobierno de los jueces estaba invadiendo las funciones del poder legislativo. La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado por unanimidad señalar que dicho pronunciamiento por parte de Conde-Pumpido «no solo carece del menor fundamento», sino que también significa «una gravísima descalificación» de este órgano constitucional del Estado.
Además de rechazar la acusación del fiscal general del Estado, el CGPJ pone de manifiesto su preocupación porque estas actuaciones no facilitan la colaboración entre una institución, como es la Fiscalía, y un órgano constitucional de gobierno de un poder del Estado, como es el Consejo General del Poder Judicial, que son «fundamentales para el funcionamiento del orden constitucional».
Obligación
«El Consejo General del Poder Judicial ha actuado en todo momento dentro del más estricto cumplimiento de su obligación de sugerir a los poderes legislativo y ejecutivo las medidas que considera necesarias para mejorar la administración de la Justicia» por parte de los jueces y magistrados en beneficio de todos los ciudadanos, señala la Comisión Permanente, presidida por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.
También recuerdan los vocales del CGPJ que el propio Dívar asumió el encargo de apoyar reformas procesales que permitan agilizar los diferentes procesos y designó a una comisión específicamente encargada de impulsarla ante los poderes legislativo y ejecutivo, y ante los partidos políticos.