Cinco años después de la moratoria que suspendió las licencias de construcción en Benirràs, y que fue seguida por la aprobación de la Ley 4/2008 que protegió este entorno, los propietarios y sus representantes legales critican que «siguen igual que el primer día, ni pueden construir ni se ven recompensados económicamente por aquello que les han quitado». Son las palabras del abogado Miguel Ángel Torres, que junto al también letrado Jaume Roig y a los propietarios, comparecieron ayer «para clarificar al máximo posible la realidad de la urbanización de Benirràs y también la realidad de sus gentes», afirmó Roig.
Según apuntaron, con el Consell «se ha hablado mucho pero no se ha llegado a nada» y, según Roig, existe «la sospecha de falta de voluntad porque en estas reuniones no se llega a ningún resultado». Así lo aseguró sobre las negociaciones que mantienen con la máxima institución, que quiere reducir la edificabilidad prevista en la zona ante la próxima tramitación parlamentaria de un decreto-ley de medidas urgentes que podría eliminar la protección en la zona.
La edificabilidad prevista en Benirràs asciende a casi un centenar de viviendas: unos 30 chalets, de los cuáles once tienen licencias otorgadas, y alrededor de 60 casas plurifamiliares. Una proyección urbanística prevista porque la zona tenía calificación de «suelo urbano» hasta que se aprobó la ley 4/2008. «No lo decimos nosotros sino que lo vienen diciendo los tribunales en repetidas sentencias, donde se hace mención que había un plan parcial aprobado, un proyecto de urbanización aprobado, unas obras que se ejecutaron con este proyecto de ejecución y finalmente se recepcionó, y se hicieron las cesiones al ayuntamiento. Esto es una realidad, mal que pese a alguno, es así», agregó Torres.
La indemnización
Por su parte, Roig apuntó que el Govern incumple de forma sistemática su propia ley, ya que reconoce las validez de las once licencias que estaban concedidas y propone la creación de un consorcio para compensar los derechos expropiados, «pero que hoy, cinco años después, no ha servido absolutamente para nada», criticó Torres.
Según este abogado, por todo ello, se han visto «obligados a poner una demanda judicial que nadie sabe como terminará». «Pero sí sabemos que en un caso idéntico a éste, en Alaior, una sentencia que tiene hoy un año, condenó al Consell de Menorca a pagar por 53.000 metros más de 30 millones de euros. Si tenemos en cuenta que en Benirràs se están expropiando los derechos sobre 82.619 metros cuadrados, haciendo una regla de tres simple estamos hablando de 47 millones de euros», destacó el abogado, que indicó que aunque desconoce cómo se pagará la indemnización, aseguró «que si es a través de impuestos de la gente de Eivissa, el coste aproximado por cada familia sería de 1.700 euros».
«Con este dinero se podría proteger muchísimo más territorio que el de una urbanización parcialmente construida que no va a estropear nada en absoluto porque la gente de allí es la más interesada en conservar la imagen de Benirràs », concluyó Torres.