El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra la regularización fiscal promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas.
En concreto, el recurso se refiere a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.
La medida se dirige a los contribuyentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
El tribunal dará traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia.
El PSOE anunció a finales de junio su intención de presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la regularización fiscal aprobada por el Gobierno y, al mismo tiempo, de solicitar en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.
En su recurso, el PSOE argumentaba que esa regularización fiscal vulnera por partida doble la Constitución, es «especialmente injusta» en sus consecuencias y «manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad».
Además, el escrito, basado en un informe previo elaborado por el ex ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño, consideraba que la medida violaba los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica, al colocar a un colectivo de «contribuyentes-defraudadores» en una situación de «absoluto privilegio fiscal.
Antes de este cambio, una persona que quisiera regularizar una renta de un millón de euros obtenida en 2008 y ocultada a la Administración Tributaria, debería pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa sólo serán 100.000 euros, según el PSOE.
También alega el PSOE que el principio de generalidad proscribe los privilegios, la exoneración de cargas fiscales sin fundamento jurídico y el establecimiento de beneficios fiscales injustificados desde el punto de vista constitucional. Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional admitió a trámite a principios de julio el recurso presentado por el PSOE.
Fuentes de la dirección federal informaron entonces a Efe de que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional había acordado además requerir a los ministerios de Economía y Hacienda todo el expediente sobre el decreto de la amnistía fiscal en un plazo de 20 días.