Un grupo de cinco imputados de la trama Gürtel pagó a Hacienda casi diez millones de euros (9,89 millones) mediante regularizaciones ordinarias del dinero no declarado y lo hizo antes de la amnistía fiscal que tuvo lugar en 2012, es decir, durante los años 2010 y 2011, fechas en las que aún gobernaba el PSOE.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, uno de los imputados del caso Gürtel por los que el juez preguntó a Hacienda si se habían acogido a la amnistía fiscal o a otra regularización, pagó a Hacienda entre 2010 y 2011 un total de 7.503.058,9 euros después de haber realizado declaraciones complementarias por la vía ordinaria de los ejercicios anteriores que no habían prescrito y por varios impuestos, entre ellos sociedades e IVA.
Se trata del imputado de Gürtel que más ha pagado hasta la fecha por regularizar dinero no declarado. A este le sigue otro, quien ingresó en la Hacienda Pública entre 2010 y 2011 un total de 1.359.019,71 euros. Un tercero presentó en 2009 la regularización ordinaria por valor de 504.742,99 euros y una cuarta empresa pagó entre 2010 y 2012 la cantidad de 430.600,48 euros.
A estos se suman otros tres que han regularizado de forma ordinaria y que han pagado al fisco 4.722; 3.111 y 3.258 euros cada uno de ellos.
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, aseguró hoy en el Pleno del Congreso que su departamento ha respondido a la petición que le realizó el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien quería saber qué imputados de la trama Gürtel se habían acogido a la regularización fiscal especial, la llamada amnistía fiscal de 2012. Montoro explicó que sólo uno de los 21 imputados se habían acogido a esta medida y que otros siete habían regularizado voluntariamente por la vía ordinaria, que se rige por una normativa modificada por el PSOE en el año 2006, según dijo el ministro.
El imputado de la trama Gürtel que se acogió a la amnistía fiscal y cuyo nombre no fue revelado por el Ministro ante la Cámara Baja, ingresó 342 euros tras aflorar 3.420. El ministro insistió en que los imputados por delito fiscal no podían acogerse a la regularización.
La regularización voluntaria ordinaria se implanto en 1995, fecha en la que gobernaba el PSOE y la última modificación de la normativa sobre la regularización ordinaria data de 2006, cuando el Gobierno sociailsta realizó una modificación el régimen de regularización voluntaria ordinaria en la Ley General Tributaria.
En aquel momento se introdujo un apartado 5 en el que se disponía un descuento del 25 por ciento en los recargos por regularización extemporánea si se pagaba en plazo voluntario de pago, con lo que se reducía el coste de la regularización ordinaria.