La Audiencia Nacional ha acordado hoy rebajar de diez a cinco millones de euros la fianza para que salga en libertad el expresidente de la CEOE y exdueño del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en prisión desde el pasado 5 de diciembre.
Es la segunda ocasión en la que el tribunal rebaja su fianza, ya que cuando ordenó su encarcelamiento el juez Eloy Velasco la estableció en 30 millones de euros, cantidad que la sección segunda de la sala de lo penal del tribunal rebajó el pasado 4 de febrero a diez millones.
La misma sección vuelve a reducir ahora la cantidad exigida, en vista de que en estos cuatro meses Díaz Ferrán no ha podido abonarla, aunque considera que persiste el riesgo de fuga por el que se ordenó su ingreso en prisión.
El abogado de Díaz Ferrán, imputado en la llamada «operación Crucero», había solicitado su puesta en libertad o, alternativamente, que se le impusiera una fianza que no superara los 50.000 euros, pero la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechaza ambas pretensiones.
Recursos ocultos
Para justificar su decisión, los magistrados dicen que «no suele ser infrecuente que, aunque formalmente no se detecten bienes, sin embargo, materialmente, se ostenten», y añaden que no se puede descartar que sea lo que haya sucedido en este caso.
«Tomando las palabras del Ministerio Fiscal, Díaz Ferrán pudo haber liquidado bienes de los que disponía a través de sociedades instrumentales y obtener recursos de ellos que ocultase con anterioridad a su encartamiento en esta causa», añade el auto.
En este sentido, la sala no da validez al argumento del abogado de Díaz Ferrán de que el informe de la administración concursal de Marsans sostiene la insolvencia de su representado, y recuerda que ese escrito señala que los datos y antecedentes aportados por el imputado «no han podido ser verificados en su totalidad».
La defensa del expresidente de la CEOE también cuestionó las declaraciones prestadas por dos testigos claves en la investigación, los supuestos testaferros Jorge García Téllez y José Vicente Semper, pero el auto dice que «lo cierto es que contienen suficientes elementos indiciarios de la participación delictiva» de Díaz Ferrán.
«También hemos podido apreciar que los contiene la declaración prestada el 24 de abril por Ángel de Cabo, cuando declara que al adquirir las empresas patrimoniales de Díaz Ferrán y (su socio) Gonzalo Pascual, ya se habían sacado sus bienes», agrega.
De Cabo, que también está en prisión por esta causa, en su caso con una fianza de 3 millones, declaró que cuando compró Marsans a Díaz Ferrán «no había nada, que estaba vacía o arruinada».
Los magistrados señalan que, aunque será en su caso en el juicio cuando se sepa qué valor tienen esos testimonios, «lo cierto es que en este momento no se deben ignorar esos indicios que aportan».
Riesgo de fuga
Por ello consideran los magistrados que sigue existiendo el riesgo de fuga que aconsejó la imposición de la fianza, aunque rebajan ésta atendiendo al «criterio de proporcionalidad» y a que han transcurrido ya cuatro meses desde que se rebajó a diez millones «sin que se haya prestado», lo que «apuntaría a una imposibilidad para prestarla de mantener tal cantidad».
Ello llevaría, dicen, «a una real situación de prisión preventiva ineludible, que es lo que pretende sea paliado si se exige fianza, razón por la que la hasta ahora vigente ha de ser rebajada», concluyen.