Rajoy niega sentirse amenazado tras el ingreso en prisión de Bárcenas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no se siente amenazado por lo que pueda revelar el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde ayer, ha expresado su respeto por la decisión judicial y ha pedido a la Justicia que actúe con celeridad.

Un día después de que el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ordenase el ingreso en prisión de Bárcenas se han sucedido las reacciones políticas a esta decisión.

Desde Bruselas, donde ha asistido al Consejo Europeo, Rajoy ha negado sentirse amenazado por lo que pueda contar Bárcenas y, al ser preguntado sobre si se siente atemorizado por lo que el extesorero del PP pueda decir, ha subrayado en declaraciones a los medios: «No, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido».

En respuesta a otra pregunta, ha garantizado la estabilidad tanto del Gobierno como del Partido Popular. «Eso, desde luego. Nadie las ha puesto en tela de juicio», ha precisado antes de agregar: «Colaboraremos en todo lo que pida la Justicia y esperemos que ésta actúe con celeridad».

La misma línea es la que han seguido tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha dicho que el Ejecutivo respeta «cualquier decisión judicial» y que, como en todos los procesos, lo que espera es que los tribunales «investiguen todo lo que tengan que investigar» para esclarecer la verdad y que lo hagan con agilidad.

Cospedal, que ha asistido a la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de El Casar (Guadalajara), ha apostillado además que su partido ha colaborado con la Justicia como no lo han hecho otros.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que «cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde» y ha confiado en que «se clarifiquen las cosas» y que «se llegue hasta el fondo».

La oposición en bloque ha coincidido en exigir explicaciones al PP y a Rajoy, en calidad de presidente del PP, por estos hechos.

Así, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha aseverado que Rajoy debe dar una explicación «a todos los españoles» sobre la presunta financiación irregular del PP y del cobro de sobresueldos por parte del altos cargos de este partido.

Ha ido un poco más lejos el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, al exigir la dimisión de Rajoy y de los máximos dirigentes del PP por haber «mentido» sobre la relación del extesorero con el partido.

Para el lehendakari, Íñigo Urkullu, Bárcenas representa «lo más rastrero» de lo que debería ser el servicio público de la política.

En el ámbito judicial, Mariano Benítez de Lugo, el abogado de la acusación popular en el caso Gürtel que ayer pidió prisión bajo fianza para Bárcenas, ha denunciado al extesorero del PP por decirle ayer en tono amenazante: «El socialista me va a encontrar».

Hoy se ha conocido también que la Audiencia Nacional ha validado las grabaciones que hizo el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y que dieron origen al caso, después de que diez imputados, entre ellos Luis Bárcenas, pidieran su nulidad por vulnerar el derecho a la intimidad.

Mientras tanto, Pablo Ruz ha requerido a Bárcenas los contratos originales de la compraventa de cuadros que suscribió la pintora argentina Isabel Mackinley antes de decidir sobre la petición del extesorero del PP de someterla a una pericial caligráfica para comprobar que fue ella quién los firmó.

En Oviedo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha considerado que el encarcelamiento de Bárcenas es «una medida ciertamente severa, pero absolutamente coherente», y ha negado de forma tajante que se haya actuado por indicación del Gobierno.

Según sus palabras, la petición de prisión incondicional para Bárcenas «no significa un cambio» de criterio del ministerio público «sino sencillamente el aquilatamiento por acumulación de una serie de indicios».