El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra ha defendido hoy su gestión al frente de la entidad de ahorros que acabó nacionalizada y ha asegurado que las subidas de sueldo a directivos aprobadas en 2010 fueron «legales» y «leales» y hasta «convenientes», pese a que se produjeron en plena crisis.
Tras prestar declaración durante casi tres horas como imputado ante el juez que instruye el caso contra los exdirectivos de la entidad por una presunta administración desleal, Serra ha salido en defensa de su actuación ante los periodistas.
En unas breves palabras repetidas en catalán y castellano, y sin prestarse a responder preguntas, ha asegurado que en 2010 aprobó, entre otras medidas, el aumento de salario variable para el ex director general, Adolf Todó, (también imputado) porque «había que mantener al equipo directivo de la caja».
Sus decisiones al frente de la entidad de ahorro fueron «legales, leales y convenientes en aquel momento», ha subrayado el ex vicepresidente del Gobierno y ex Ministro de Defensa.
Serra ha comparecido ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona para hacer frente a dos imputaciones de la Fiscalía por haber subido de un 35 % a un 50 % la retribución variable de Todó y por incrementar también en 2010 el sueldo de los directivos en un 1,5 %, que correspondía al IPC.
El ex dirigente socialista ha subrayado que «la lealtad del consejo de administración está más que demostrada».
El juez considera que Serra, Todó y los otros 52 miembros del consejo de administración pudieron llevar a cabo una administración desleal.
«Confío en que el juez se pronuncie y pueda quedar claro quienes hemos actuado siguiendo la ley y los que no lo han hecho», ha apuntado.
Por otra parte, el juez ha desestimado la petición realizada por la asociación de usuarios de la banca, Ausbanc, para declarar la prisión preventiva para Serra.
Esta petición ha sido también rechazada por la Fiscalía y por la acusación popular que ejerce la formación política CUP (Candidatura d'Unitat Popular).
Serra ha declarado como imputado a raíz de la denuncia que presentó la Fiscalía contra él y otros 53 miembros del consejo de administración de Caixa Catalunya por aprobar aumentos en retribuciones e indemnizaciones cuando la entidad había acudido ya al FROB para pedir 1.200 millones de euros.
Según han informado fuentes judiciales, Serra ha defendido ante el juez su gestión y ha explicado que los aumentos retributivos se aprobaron como una medida para dar empuje económico a la entidad, en base a unos informes encargados a consultorías que recomendaban subir el salario de los directivos para igualar su sueldo al del mercado.
Según Serra, esos informes fueron encargados por la comisión de retribuciones de la que él formaba parte junto a Adolf Todó.
El juez toma declaración ahora al ex director general Adolf Todó.
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